Este miércoles a las 12 del mediodía, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión especial de suma relevancia, convocada por bloques de oposición tanto dialoguistas como críticos, en respuesta a una serie de proyectos que generan amplia polémica y preocupación en el Gobierno nacional por su posible efecto sobre las finanzas públicas del país.
El Ejecutivo, representado por la Casa Rosada, ya hizo saber que, en caso de que estos proyectos sean sancionados en la Cámara, no dudará en utilizar el veto presidencial para garantizar el equilibrio fiscal y evitar que se desajusten las cuentas públicas, poniendo en riesgo el objetivo de mantención del superávit fiscal, una prioridad en la gestión actual.
El foco principal de este debate se centra en varias propuestas relacionadas con la problemática de las jubilaciones y las pensiones, que en el contexto de una economía always vulnerable, adquieren una dimensión particularmente sensible. Entre ellas, destaca la reimplantación por un período de dos años de la moratoria previsional, iniciativa impulsada por sectores del peronismo y la izquierda. Dicha moratoria permitía a personas que no contaban con los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación, sumar los años faltantes mediante compras de aportes, facilitando así el acceso a la jubilación mínima.
Este mecanismo, que fue suspendido por el Gobierno en marzo pasado, generó opiniones encontradas entre quienes argumentan que es una herramienta legítima para persones que han quedado en situación de vulnerabilidad y no pudieron cumplir con los requisitos exigidos, y quienes advierten que podría impactar en las finanzas del sistema previsional, al aumentar la cantidad de beneficiarios y reducir la recaudación.
Además de la restitución de la moratoria, en la agenda del día también se contempla la discusión sobre distintas variantes de propuestas destinadas a crear una prestación llamada “Proporcional”, que busca reconocer los años aportados por aquellos que no alcanzaron la cantidad mínima de aportes (30 años) para jubilarse, permitiendo así un reconocimiento parcial de su trayectoria laboral y contribución al sistema previsional. Varias formaciones políticas, incluyendo sectores de la UCR, el Encuentro Federal, la Coalición Cívica y una porción minoritaria del PRO, ya presentaron y tienen dictámenes de respaldo para estas iniciativas.
El escenario tiene un carácter de alta sensibilidad, ya que estos proyectos no solo tocan un aspecto social fundamental, como la protección de derechos de jubilados y pensionados, sino que también plantean una disyuntiva política y fiscal de gran impacto. Desde la Casa Rosada, voces oficiales dejaron en claro que no permitirán que estas propuestas comprometan el equilibrio fiscal del Estado, y que, en caso de avanzar en la Cámara, serán vetadas por el presidente Javier Milei. Esto, en un contexto en que el Ejecutivo busca mantener sus metas económicas sin comprometer la estabilidad financiera del país.
Por su parte, los bloques opositores que convocaron a la sesión especial argumentan que las medidas propuestas representan una oportunidad de ampliar derechos sociales y aliviar la situación de quienes no lograron cumplir con los requisitos tradicionales para jubilarse, y que, con un análisis cuidadoso, es posible implementar las modificaciones sin poner en riesgo la sustentabilidad del sistema ni las finanzas públicas.
En suma, esta jornada de debate en Diputados promete ser un momento de alta tensión y de decisiones clave respecto a la política social y fiscal del país. La posición del Gobierno, reafirmada en su intención de vetar los proyectos que puedan afectar el superávit fiscal, anticipa que la discusión será dura y que el resultado final podrá marcar la agenda política y económica para los próximos meses.
