La fiscalía de delitos económicos en Salta solicitó una condena de 14 años de prisión para Nelson Cositorto, cabeza de una organización acusada de liderar una trama de estafas y asociación ilícita. En su alegato, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio precisó que el perjuicio económico causado a los inversores supera los 776 millones de pesos.
Durante una sesión que duró tres horas y en la que se presentaron cerca de cien testimonios, la fiscal delineó la estructura del esquema delictivo. Según explicó, Cositorto diseñó una organización que contó con roles específicos para familiares y colaboradores, incluyendo a los hermanos Vilardel, quienes jugaron un papel destacado en la maniobra fraudulenta. La organización operaba desde oficinas en varias ciudades del país, como Salta, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y se basaba en un sofisticado esquema Ponzi.
El método consistía en captar inversiones nuevas con la promesa de altos beneficios, financiando así los pagos a los antiguos aportantes. La víctima del sistema, como describió la fiscal, era un engañoso discurso sin advertencias sobre los riesgos y con promesas de ganancias inalcanzables. La organización alimentó la ilusión de rentabilidad mediante discursos persuasivos y falsas garantías.
La intención de la organización se evidenció cuando, en enero de 2022, en Córdoba, la cepa del llamado esquema explotó al cuestionarse la entrada de nuevos inversores. Sin embargo, en marzo del mismo año, los Vilardel aseguraban que en Salta todo seguía en orden, a pesar de que Cositorto seguía prófugo de la justicia en otro país. La fiscal acusó a los Vilardel de continuar recibiendo dinero de los inversores, con la conciencia de la ilegalidad y sin advertir sobre los riesgos.
En las audiencias, la fiscal subrayó que Cositorto utilizaba técnicas de coaching ontológico, una modalidad de manejo discursivo, que en este caso fue empleada con fines engañosos para manipular a los afectados. La organización operaba con planificación y de forma continua, representando una estructura delictiva que dañó a miles de personas en diferentes provincias.
Por todo ello, la fiscal solicitó para Cositorto una pena de 14 años de prisión efectiva como autor principal por asociación ilícita y estafas en modalidad continuada, en concurso con otros delitos. Para los demás acusados, pidió penas que varían entre ocho y tres años y medio de prisión, además de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
El juicio, que se realiza en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, cuenta con la presidencia del juez Martín Pérez y la presencia de los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar. La investigación continúa abierta, también bajo el análisis del posible falso testimonio de uno de los imputados, Daniel Flores Jiménez.
