En una decisiva sesión en la Cámara de Diputados, la oposición logró superar el veto presidencial y garantizar la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, al alcanzar la mayoría especial de dos tercios requerida. Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, el proyecto fue considerado con un amplio respaldo político, pese a la oposición de los libertarios y sus aliados.
La norma, diseñada para actualizar aranceles de prestaciones por inflación y establecer una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había recibido apoyo transversal en la Asamblea. Sin embargo, la Casa Rosada decidió vetarla por su elevado costo fiscal, sosteniendo que las medidas propuestas no podían financiarse en el marco presupuestario vigente.
Entre los representantes de la provincia que votaron en contra del veto presidencial se encuentran:
- Pamela Calletti (Innovación Federal – Salta)
- Emiliano Estrada (Unión por la Patria – Salta)
- Pablo Outes (Innovación Federal – Salta)
- Yolanda Vega (Innovación Federal – Salta)
En tanto, quienes respaldaron el veto y rechazaron la iniciativa reformadora, con lo que no se priorizó el bienestar de las personas más vulnerables, fueron:
- Emilia Orozco (La Libertad Avanza – Salta)
- Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza – Salta)
- Carlos Zapata (La Libertad Avanza – Salta)
El debate ahora se trasladará al Senado, donde se espera que la discusión sobre la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad cobre una nueva relevancia. En el marco de este proceso, el gobierno había indicado que evaluaba posibles aumentos en las prestaciones, una posibilidad que podría alterar el equilibrio fiscal y las prioridades de gasto.
Las voces en favor de una mayor protección para el sector más vulnerable de la sociedad se enmarcan en un contexto de necesidad de adaptar las ayudas a la inflación y de asegurar ingresos mínimos para quienes no cuentan con una pensión contributiva. Los próximos días serán determinantes para definir si estas medidas avanzan en el Senado y, de ser así, cuál sería su impacto real sobre las personas con discapacidad y sus familias.
