Ante la irrevocable decisión del presidente Javier Milei de eliminar definitivamente la obra pública en la Argentina, los gobernadores de todas las provincias, sin excepción, comenzaron a plantearse qué hacer ante la posibilidad de que en el corto plazo, toda la infraestructura del país comience a deteriorarse y a colapsar, con el consecuente y devastador efecto que puede llegar a tener tanto en la circulación de los habitantes como en al aparato productivo argentino. Esta decisión que desde el vamos apareció como inexplicable, actualmente es quizá uno de los puntos más cuestionables y controvertidos de la agitada gestión libertaria. Al punto, de que un grupo de provincias decidió pedirle al presidente que provincializara las rutas nacionales para que, de ese modo, pudiesen encarar vaya a saber de qué manera el mantenimiento o la continuación de las obras paralizadas desde diciembre. De persistir la tozudez en la suspensión definitiva de la obra pública puede generarse una debacle de impredecibles consecuencias, no sólo económicas, sino sociales en nuestro país.
A raíz de esa situación, inédita en la historia argentina, absolutamente incomprensible del lado que se la mire, es que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aguzando su ingenio y evaluando de qué manera se puede paliar esa situación, decidió convocar el denominado Pacto de Güemes, que lejos de ser un acto político es una convocatoria masiva que abarca desde los legisladores nacionales y provinciales a intendentes y concejales más todas las fuerzas vivas de la provincia a sumarse en un pedido al presidente para que concluya las obras que se empezaron en Salta, que en total suman alrededor de ochenta. No tuvo en cuenta Sáenz si esas obras siquiera deben concluir o no en su actual mandato, lo que sí tuvo en miras, claramente, es que no continúen detenidas por el enorme perjuicio para Salta que ello ocasiona ahora, no en el futuro. Basta recordar el tramo de la Ruta Nacional 34 entre Rosario de la Frontera y Metán, llamado corredor de la muerte, el puente sobre el río Vaqueros, la prolongación hasta el Carril de la autopista del oeste, la culminación de la pavimentación de la Ruta Nacional 40 en el tramo Seclantás – Molinos y la circunvalación para el transporte de carga de la propia Ruta Nacional 51, que es además internacional por cuanto es la que nos lleva hacia Chile,para darse cuenta de la importancia de la decisión que indudablemente requiere grandeza y dejar de lado cualquier especulación al respecto. Ello sin hablar de la continuación de la reparación del ferrocarril que implica abaratar sensiblemente los costos de la producción de Salta y la conclusión de varios frentes de obra indispensables para el desarrollo de la provincia.
Sería institucionalmente saludable que se deponga cualquier actitud mezquina en este tema, porque no son cuestiones partidistas ni coyunturales, sino obras que benefician a los salteños en su conjunto, sin distinciones y que permitirán que la Provincia no se detenga en su crecimiento. Mucho más cuando el llamado Pacto de Mayo naufragó en la inanidad después de insultos y faltas de acuerdos elementales que podrían haber permitido reforzar la convivencia democrática, la concordia y el diálogo que tiene que primar entre los argentinos. Lo que tanto le cuesta comprender al gobierno nacional, que a esta altura resulta evidente que la virulencia en los ataques o la sistematización de los insultos forma parte esencial de la manera de gobernar del presidente, es que sin diálogo no se puede gobernar. El Pacto de Güemes puede ser una demostración a nivel país de que la armonía para la defensa de los intereses superiores de la provincia está por encima de cualquier diferencia y tal vez pueda ser un espejo que replique la imperiosa necesidad de que las instituciones no necesitan de agravios sino de construir una realidad armónica todos los días.
