El Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero dejó sin efecto su puesta en práctica por ahora. Tras el rechazo al veto y la ratificación del proyecto original por parte del Congreso, la norma se publicó en el Boletín Oficial durante la madrugada.
Este lunes, luego de que el Congreso rechazara el veto presentado por Javier Milei, el Ejecutivo dio curso a la promulgación de la ley. Sin embargo, la ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso defina de dónde procederán los fondos y se incorporen las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
La decisión de posponer la implementación se fundamenta en el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que exige que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto indique las fuentes de financiamiento. Además, la medida encaja en el artículo 5 de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional.
Según el Ejecutivo, el Congreso no especificó de forma fehaciente cómo se financiarán las erogaciones que implica la aplicación de la Ley N° 27.793. En la declaración oficial, se sostuvo que la facultad concedida al Jefe de Gabinete para reasignar partidas no representa una fuente concreta, actual y suficiente de financiamiento.
El Poder Ejecutivo ya había vetado la ley mediante el Decreto N° 534/25, advirtiendo que cualquier ampliación de prestaciones debe diseñarse con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sostenibilidad a largo plazo.
