La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), mantuvo una segunda reunión con familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la pandemia. “Había una falta de escucha y una deuda pendiente por parte del Congreso”, expresó Ajmechet.
Previo a la escucha de los familiares, los legisladores designaron al diputado Fernando Carbajal (UCR) como vicepresidente 2° de la comisión.
El primer testimonio fue el de Nora Morales, hermana de Florencia Magalí Morales. “Lo único que nos ha hecho la justicia es hacer lenta la investigación”, denunció Nora. Y agregó: “Pedimos justicia, nadie se suicida en una comisaría”.
Según el relato de la familia, el 5 de abril de 2020, Florencia salió a buscar comida para sus hijos y terminó encerrada en una celda, acusada de haber violado la cuarentena. Esa tarde la encontraron ahorcada con el cordón de una prenda, luego de haber pasado horas pidiendo auxilio. La versión policial indicó que la mujer se había quitado la vida en la celda, pero la segunda autopsia derribó esa hipótesis. “Les agradezco por darnos el espacio y escucharnos, el gobierno anterior lo único que hizo fue darnos la espalda”, concluyó Nora.
Sobre el tema, el periodista Osvaldo Bazán reflexionó que “todo esto que hoy nos golpea, se sabía desde el primer momento”. “El periodismo no estuvo, en muchos casos, a la altura de lo que sucedía en la cuarentena”, señaló Bazán.
A continuación, Cristina Castro Alaniz, mamá de Facundo Astudillo Castro, recordó que “las últimas palabras de mi hijo fueron ‘no me vas a ver nunca más’, y así fue”. “Tenemos probado que a ‘Facu’ lo desapareció la policía bonaerense, según Berni mi hijo tuvo un accidente”, denunció Cristina. “Exigimos justicia”, culminó la mamá de Facundo.
Facundo Astudillo Castro salió el 30 de abril del 2020 desde su casa en Pedro Luro con dirección a Bahía Blanca, viajó a dedo como lo hacía habitualmente. Se sabe, con certeza, que fue detenido por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Facundo no llegó a destino ni volvió a saberse nada de él. El 15 de agosto, se hallaron restos óseos en la ría de Bahía Blanca y el cotejo de ADN confirmó que se trataba del joven de Pedro Luro.
En virtud de los testimonios, la diputada Gabriela Brouwer de Köning (UCR), manifestó: “Gracias por alzar su voz y no bajar los brazos en la búsqueda de justicia”. “Vamos a trabajar incansablemente para lograr que tengan justicia”, concluyó.
“Fueron las mayores violaciones a los derechos humanos en la democracia y, sus casos, merecen ser investigados por una Comisión de este Congreso”, agregó el diputado Fernando Iglesias (PRO).
En ese sentido, la diputada Mónica Frade (CC), propuso crear un banco de datos de todos los jueces, fiscales, policías y comisarios que han actuado en estos casos para “poder monitorear lo que hacen”. “Que sepan que desde el Congreso los estamos controlando”, dijo.
En coincidencia, la diputada Myriam Bregman (FIT) concluyó que “lo que ocurrió forma parte del manual de la impunidad, es bueno saber nombres”.
