El Ejecutivo nacional trabaja en un decreto para reformar la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639) con el objetivo de habilitar la actividad minera e hidrocarburífera en zonas hasta ahora protegidas por la normativa, según fuentes del Ministerio de Economía y de Energía.
La propuesta contempla una reducción significativa de las áreas consideradas “resguardadas”, modificando los criterios sobre qué terrenos deben conservar protección ambiental. Según el borrador, solo seguirían protegidas aquellas zonas de roca o “escombros activos” que tengan al menos una hectárea y una antigüedad mínima de dos años.
Uno de los pilares del argumento oficial es brindar “seguridad jurídica” a los proyectos de inversión, especialmente a las empresas mineras que operan en provincias cordilleranas. Además, el decreto otorgaría mayores atribuciones a las provincias para decidir qué partes de su territorio pueden explotarse.
Desde el lado ambiental, varios especialistas y organizaciones alertan que la medida podría provocar “contaminación irreversible” de los recursos hídricos y debilitar la protección de glaciares estratégicos para el abastecimiento de agua. La ONG Greenpeace, por ejemplo, advirtió que el retroceso regulatorio supone un “peligro real” para el sistema hídrico cordillerano.
El debate también incluye un componente político: según medios, el gobierno busca alinear a gobernadores de provincias mineras como San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca, que históricamente han presionado para flexibilizar la norma y permitir más inversiones extractivas en sus territorios.
Por otra parte, el país enfrenta críticas jurídicas: según especialistas, la reforma podría violar principios de no regresión ambiental, un estándar previsto en acuerdos internacionales sobre protección ambiental que Argentina ha suscripto.
