El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de reforma laboral que propone cambios profundos en la legislación vigente desde hace décadas, con el objetivo declarado de “modernizar” el mercado de trabajo y reducir la informalidad. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, comenzó a ser debatida en el Senado y genera un fuerte cruce con sindicatos, líderes opositores y diversos sectores productivos.
Modificaciones en las relaciones laborales
El proyecto abarca múltiples aspectos de la relación entre empleadores y trabajadores. Entre los puntos centrales se destacan:
Indemnizaciones por despido: Se propone cambiar el esquema tradicional de cálculo, excluyendo conceptos variables como aguinaldos y premios, y tomando un promedio del salario. Además, se habilita el pago de las indemnizaciones en cuotas y se establece una actualización ligada al índice de precios al consumidor con una sobretasa adicional. También se prevé la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar estos pagos.
Flexibilidad horaria: La iniciativa permite la creación de bancos de horas, donde las horas extra trabajadas puedan compensarse con días libres, y autoriza, bajo ciertos acuerdos, jornadas de hasta 12 horas diarias. Vacaciones y descanso: El proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, y otorga al empleador la potestad de fijar las fechas, con un plazo mínimo de aviso previo al trabajador.
Formas de pago y negociación salarial: Se faculta a pagar salarios en moneda extranjera, en especie o en vivienda, si ambas partes lo acuerdan. También busca incorporar mecanismos de negociación salarial “dinámicos” atados a productividad.
Sindicatos, convenios y huelgas
El texto de la reforma reformula el papel de los sindicatos y de los convenios colectivos. El proyecto propone priorizar los convenios por empresa por sobre los de rama o sector, y suprimir la denominada ultraactividad que permite la vigencia automática de acuerdos vencidos. Además, amplía la lista de actividades esenciales, que deberán garantizar niveles mínimos de servicio frente a huelgas.
Debate político y resistencia sindical
La presentación del proyecto provocó una rápida reacción del movimiento obrero y de diversos sectores políticos. Sindicatos estatales anunciaron huelgas y medidas de fuerza para los días en que se discuta la reforma en el Senado, señalando que se trata de un ataque a derechos laborales consagrados.
Más de 500 intendentes de distintas provincias también rechazaron el proyecto, al describirlo como una “precarización del trabajo” y un retorno a condiciones laborales del pasado.
Por su parte, el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para impulsar el empleo formal, reducir la litigiosidad y dar “seguridad jurídica” a las relaciones laborales.
Contexto legislativo y próximas etapas
El Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias de febrero para tratar esta y otras propuestas clave, con la expectativa de avanzar rápidamente en el tratamiento de la norma.
El debate, sin embargo, se presenta difícil: sectores opositores trabajan en alternativas propias y el peronismo prepararía propuestas para confrontar el proyecto oficial.
