El presidente de EE UU, Donald Trump, no reconoce desde este jueves la validez de los hallazgos científicos que sustentaban la lucha de su país contra el cambio climático. “Con efecto inmediato, ponemos fin a todas las normas sobre emisiones ecológicas impuestas innecesariamente a los modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá”, ha manifestado el mandatario tras reunirse con Lee Zeldin, responsable de la controvertida Agencia de Protección Ambiental, que acumula críticas por la insuficiente respuesta a las catástrofes naturales habidas desde el regreso de Trump a la presidencia, y que los científicos vinculan en muchos casos a los efectos del calentamiento en el clima.
Con esta medida, Trump acaba de un plumazo con el llamado dictamen de peligro, que fue aprobado por el Gobierno del presidente demócrata Barack Obama en 2009 y que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud. Trump ha defendido su decisión como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense” y ha asegurado que ello reducirá enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.
“Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el coste promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares. Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado”, ha dicho el mandatario republicano en una comparecencia en la Casa Blanca tras reunirse con el responsable de la EPA. En marzo de 2025 la agencia ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones relativas a gases contaminantes, lo que provocó una airada respuesta de organizaciones ecologistas.
Washington volvió a retirarse del Acuerdo de París con Trump de nuevo en la Casa Blanca, el anuncio deja de suponer un golpe demoledor a los intentos globales de poner freno al calentamiento del planeta. No sólo porque la decisión de Trump es una enmienda a la totalidad de los fundamentos de la regulación climática en EE UU, también por su efecto en una industria, la de la fabricación de vehículos eléctricos, en la que el país se planteó en algún momento competir con China.
Durante la presidencia del demócrata Joe Biden, se implementó una política de bonificaciones fiscales para impulsar la compra de vehículos eléctricos y, por extensión, el fomento de las energías verdes. Aunque las ayudas fiscales de la era Biden son hoy papel mojado, el clavo en el ataúd del anuncio de este jueves supone la confirmación oficial del negacionismo climático de la Administración trumpista, otro de los frentes de su amplia guerra cultural.
A medida que se arrumbaban los incentivos para la compra de coches eléctricos, no por casualidad el antaño socio de Gobierno de Trump, el magnate Elon Musk, que se benefició de la política verde de Biden, lleva meses mostrando su desinterés por la compañía, para favorecer otras formas de producción, como la de los robots humanoides, que desdeñan la función principal de Tesla.
Trump ha manifestado en repetidas ocasiones que el cambio climático es a su juicio un engaño. Su segunda retirada del Acuerdo de París ha dejado al mayor contribuyente histórico del mundo al calentamiento global fuera de los esfuerzos internacionales para combatirlo, además de eliminar los créditos fiscales de la presidencia de Biden para acelerar el despegue de los coches eléctricos y las energías renovables.
La denominada declaración de peligro fue adoptada por primera vez por Estados Unidos en 2009 y llevó a la EPA a tomar medidas en virtud de la Ley de Aire Limpio de 1963 para reducir las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros cuatro gases contaminantes atmosféricos que retienen el calor generado por vehículos, centrales eléctricas y otras industrias. Su derogación elimina en la práctica los requisitos reglamentarios que imponían medir, informar, certificar y cumplir con las normas federales de emisión de gases de efecto invernadero para los automóviles, aunque inicialmente podría no aplicarse a fuentes de generación de energía fijas como las centrales eléctricas.
Según las cifras de la EPA, los sectores del transporte y la energía son responsables cada uno de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Según los cálculos de la agencia, la derogación supondrá un ahorro de 1,3 billones de dólares para los contribuyentes estadounidenses, al eliminar tanto la ‘declaración de peligro’ como todas las normas federales sobre emisiones de gases de efecto invernadero para los vehículos.
Tras la decisión anunciada de Trump, cabe ver el interés de muchos grupos industriales, y de legisladores que representan a Estados productores de energía convencional o fósil, partidarios todos ellos de la desregulación, si bien reticentes a manifestar en público su apoyo a la revocación de la declaración de Obama por la incertidumbre jurídica y normativa que el cerrojazo trumpista podría provocar. Los expertos jurídicos afirman que el cambio de política podría, por ejemplo, dar lugar a un aumento de las demandas conocidas como acciones por “molestias [daños] públicas”, una vía que había quedado bloqueada tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2011 que dictaminó que la regulación de los gases de efecto invernadero debía quedar en manos de la EPA en lugar de los tribunales.
Desde su regreso al poder en enero de 2025, el mandatario republicano ha venido subrayando su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica, con su Gobierno cancelando varios proyectos de este tipo en estados demócratas, mientras aspira a impulsar otros que habían quedado congelados durante la presidencia de Biden.
