El Gobierno tomó distancia este lunes de la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender la fecha 9 del torneo Apertura, que debía desarrollarse entre el 5 y el 6 de marzo, días en los que el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino fueron citados a declarar por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, en la causa iniciada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
No es la primera vez que el Gobierno elige el silencio en relación a la AFA. En noviembre pasado, apenas estalló el escándalo por la copa que la organización le entregó a Rosario Central, lo que desató fuertes críticas de los aficionados en las tribunas y las redes sociales, también habían elegido esa postura.
La fórmula fue la misma. “No hay nada para decir; es un tema que tienen que resolver ellos”, respondieron entonces. Con el correr de los días, sin embargo, el presidente Javier Milei, sus principales funcionarios y los voceros oficiosos de La Libertad Avanza en las redes arremetieron con fuerza con Tapia, Toviggino y la AFA.
El hermetismo inicial en la Casa Rosada no parece descabellado, cuando aún está por verse cómo reaccionarán los aficionados al fútbol en las tribunas y las redes. Si, nuevamente, apuntarán contra la cúpula de la AFA, sumida en un fuerte descrédito por las decisiones deportivas y las revelaciones sobre el presunto desvío de millones de dólares en el exterior. O si, esta vez, el Gobierno podría verse afectado por la protesta de la entidad.
La denuncia que llevará a Tapia y Toviggino a los tribunales fue iniciada por el Gobierno, a través de la ARCA, en diciembre pasado. Los dirigentes están acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones.
Tras dos meses de investigación, el juez Amarante decidió los llamados a indagatoria, el pasado jueves. También les prohibió salir del país, aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes un permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.
La denuncia inicial de ARCA fue complementada en enero con una nueva presentación de 58 páginas que entregó el Gobierno, a través de la ARCA, ampliando los montos presuntamente evadidos.
La presentación fue el resultado de cruces de datos con bases de contribuyentes no confiables del organismo y el intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. Por entonces, en la Casa Rosada no dudaban en considerar que el material terminará en una de las “principales denuncias” contra la cabeza del fútbol argentino. Ahora, con la reacción de la entidad, volvieron a elegir el silencio.
