Una nueva iniciativa legislativa en la provincia de Buenos Aires volvió a poner en agenda el uso de celulares en cárceles, en medio de crecientes denuncias por delitos organizados desde los penales.
El proyecto, conocido como “Ley Rodrigo”, propone prohibir de manera total la tenencia y uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo con conexión a internet por parte de los internos. La medida surge tras casos de extorsiones y estafas coordinadas desde prisión, incluyendo el de un joven que se quitó la vida luego de ser víctima de un engaño telefónico originado en una cárcel.
La iniciativa busca modificar la ley de ejecución penal bonaerense y dejar sin efecto el esquema vigente desde la pandemia, cuando se había habilitado el uso de celulares para mantener el contacto con familiares ante la suspensión de visitas. Según los impulsores, esa excepción se volvió permanente y hoy facilita delitos como estafas, amenazas y organización de bandas desde el interior de las unidades penitenciarias.
Entre los puntos principales, el proyecto establece que los presos solo podrán comunicarse a través de teléfonos provistos y controlados por el Servicio Penitenciario, con límites de tiempo y contactos autorizados. Además, contempla la instalación obligatoria de inhibidores de señal y controles más estrictos para evitar el ingreso de dispositivos.
La discusión no es nueva, pero cobró fuerza en los últimos meses con distintas propuestas de varios espacios políticos que coinciden en un objetivo: impedir que las cárceles funcionen como “call centers del delito” y reforzar la seguridad fuera de los penales.
