El gobernador firmó un decreto que establece un plan de austeridad por seis meses, con el objetivo de ordenar las cuentas públicas frente a la caída de los recursos coparticipables.
La medida incluye el congelamiento de los salarios de funcionarios de alto rango, abarcando desde el propio mandatario hasta ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos estatales.
Además, el decreto dispone la suspensión de nuevas contrataciones en la administración pública, la prohibición de viajes oficiales al exterior —salvo casos excepcionales— y la reducción de gastos vinculados a protocolo y funcionamiento del Estado.
También se ordenó revisar y renegociar contratos en moneda extranjera y reforzar los controles sobre el uso de recursos públicos, en un intento por mejorar la eficiencia del gasto.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el ajuste estará enfocado en la estructura política y administrativa, con la intención de no afectar áreas sensibles ni trasladar el impacto a los sectores más vulnerables.
