Desde ayer, los sindicatos docentes universitarios llevan adelante una nueva semana de paro nacional que se extiende por seis días consecutivos hasta el sábado 2 de mayo. La protesta se produce en la antesala de la marcha del próximo 12 de mayo, que autoridades universitarias, gremios y federaciones estudiantiles convocaron para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitaria.
El paro fue decidido en el marco del plan de lucha por parte de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica, con la participación de gremios de base como ADIUC (Córdoba), AGD-UBA (Buenos Aires) y ADIUNT (Tucumán), además de sindicatos no docentes en algunas universidades. La medida de fuerza afectará a las cátedras y clases de los docentes que adhieran a la huelga, junto a los colegios universitarios de jurisdicción nacional, como el Colegio Nacional Buenos Aires, o la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que dependen de la UBA.
Las organizaciones sindicales sostienen dos reclamos principales: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial. Según denuncian, la normativa vigente no se aplica en su totalidad, lo que impide la convocatoria a paritarias y la actualización de salarios conforme a la pérdida de poder adquisitivo perdida a raíz de la inflación.
Este año, los docentes rechazaron la propuesta oficial de incremento del 12 % en cuotas hasta octubre de 2026, por considerarla insuficiente ante una pérdida salarial acumulada de más del 50 % entre 2024 y 2025. Aceptar la oferta daría como resultado el agravamiento de la situación de sus ingresos. Los gremios advierten que, de no haber respuesta oficial, el plan de lucha continuará durante el semestre y ya convocaron a una nueva masiva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, donde está puesta toda la expectativa para dar una muestra de fortaleza.
La escalada de la protesta ocurre en un contexto de deterioro salarial, precarización laboral y advertencias sobre la sostenibilidad de la actividad académica. Los sindicatos reiteran que la continuidad del plan de lucha dependerá de la respuesta del Gobierno y de algún avance en la recomposición salarial y el financiamiento de las universidades.
