Bajo la dirección del fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Pablo Rivero, se ordenó 19 allanamientos en la ciudad de Salta, todo esto en el marco de una presunta organización dedicada a la comisión de estafas procesales mediante el uso fraudulento de títulos ejecutivos. Para la ejecución coordinada del operativo, el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF afectó 55 efectivos y 13 vehículos.
De la investigación se incorporaron informes patrimoniales que evidenciarían inconsistencias económicas, compatibles con la utilización de personas como prestanombres, y se detectó la existencia de una sociedad comercial (Famosa Bankia SA) presuntamente utilizada como estructura de soporte para la operatoria.
De acuerdo con los elementos reunidos, la organización habría desplegado un mecanismo sistemático consistente en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica; el otorgamiento de préstamos informales bajo condiciones abusivas; la exigencia de suscripción de pagarés en blanco; y el posterior llenado de dichos documentos con montos y datos falsos o desproporcionados.
Luego, se promovían demandas ejecutivas basadas en esos títulos, consignando domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los deudores, lo que impedía la correcta notificación de las víctimas, colocándolas en estado de indefensión y permitiendo la obtención de embargos sin posibilidad de defensa, con el consecuente desapoderamiento de bienes y afectación de haberes.
Los investigadores efectuaron constataciones en múltiples inmuebles, verificándose que muchos de los domicilios utilizados eran inexistentes, estaban deshabitados o pertenecían a terceros sin vinculación con las causas. Paralelamente, se llevaron adelante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron identificar el núcleo operativo de la presunta organización, así como domicilios vinculados a los investigados.
La causa se inició a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados de Procesos Ejecutivos de 1º, 2º y 3º Nominación, quienes detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos por una misma parte actora. Entre las anomalías advertidas se destacó la reiteración injustificada de domicilios denunciados para los demandados, incluyendo coincidencias entre domicilios de actores y demandados.
Los implicados no están detenidos pero se impusieron medidas cautelares. Además, requirió el levantamiento de Secreto Bancario del abogado y de la firma Famosa Bankia SA, de la cual es el único socio y la mujer, administradora suplente. También se solicitó para ambos investigados la prohibición de salir sin autorización del país, se le retenga los documentos de viaje que posean y la prohibición de tener contacto con los denunciantes y damnificados.
