Diputados avanzan en un nuevo marco normativo que busca actualizar la protección de la vicuña y habilitar su esquila sustentable en estado silvestre mediante la técnica ancestral del “chaku”. La iniciativa apunta a convertir a la especie en un recurso estratégico para las comunidades de la Puna, promoviendo la comercialización legal de una de las fibras más valiosas del mundo y desalentando la caza furtiva.
Durante una reunión encabezada por los presidentes de las comisiones de Producción y de Medio Ambiente, Néstor Parra y Gastón Galíndez, legisladores analizaron junto a funcionarios provinciales los alcances del proyecto, considerado clave para el desarrollo del norte salteño. La propuesta busca actualizar normativas vigentes que hoy limitan el aprovechamiento del recurso, a fin de equiparar a la provincia con experiencias de Jujuy y Catamarca.
Según se expuso, la vicuña ya no se encuentra en peligro crítico de extinción y en Salta su población supera los 58.000 ejemplares. Este crecimiento, respaldado por su recategorización en la Convención CITES, permite avanzar hacia un modelo de “conservación activa”, en el que la protección de la especie se articula con su valor económico y social.
La fibra de vicuña, considerada una de las más finas del mundo, tiene una demanda sostenida en el mercado internacional y un valor cercano a los 500 dólares por kilo. La posibilidad de esquilar animales vivos posicionaría a Salta dentro del circuito legal, con el objetivo de que los beneficios lleguen directamente a las comunidades andinas.
Funcionarios del área productiva y ambiental coincidieron en que la iniciativa busca generar empleo local a partir de una actividad sustentable. Destacaron que la vicuña, como herbívoro de bajo impacto, favorece la regeneración de pasturas y se adapta al ecosistema puneño sin comprometer su equilibrio.
En cuanto a la técnica del “chaku”, explicaron que consiste en el arreo y captura para la esquila, y que, realizada en los meses adecuados —entre septiembre y diciembre—, no provoca un estrés significativo en los animales. Cada ejemplar puede producir unos 250 gramos de fibra cada dos años, lo que requiere planificación y control estatal.
El proyecto también apunta a formalizar la cadena de valor y combatir la caza furtiva, al otorgar un valor legal a la fibra obtenida. De este modo, los pobladores se convierten en actores clave en la preservación de la especie, ya que su sustento dependerá de su cuidado.
Asimismo, se prevé la creación de un registro de explotación y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, garantizando la trazabilidad de la fibra y el cumplimiento de estándares internacionales que permitan sostener su comercialización.
Desde la Legislatura destacaron que la iniciativa busca equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo productivo, generando ingresos genuinos y fortaleciendo la actividad artesanal local, con acceso a materia prima legal para la elaboración de textiles de alto valor.
Finalmente, legisladores de la Puna subrayaron que el proyecto prioriza a las comunidades de la región, promoviendo el arraigo y reduciendo la migración por falta de oportunidades. Consideran que la propuesta también reivindica prácticas ancestrales y convierte a la vicuña en un motor de desarrollo sostenible para las economías locales.
