Los hospitales comenzaron a suspender operaciones programadas y a concentrar sus recursos en casos críticos mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a atención médica.
La prolongada ola de bloqueos que atraviesa Bolivia comenzó a impactar de lleno en el sistema de salud. Hospitales de La Paz, la región más afectada por las protestas promovidas por sectores afines al ex presidente socialista Evo Morales, empezaron a restringir procedimientos médicos debido a la escasez de oxígeno medicinal y a las dificultades para recibir suministros.
Autoridades sanitarias confirmaron que los centros de salud están concentrando sus recursos en los casos más urgentes mientras intentan administrar las reservas disponibles. La situación afecta especialmente a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, que permanecen parcialmente aisladas desde hace más de 30 días por los cortes de carreteras instalados en distintos puntos del país.
“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, informó Martín Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Según explicó, entre 50 y 60 intervenciones deberán ser reprogramadas ante la imposibilidad de garantizar el abastecimiento regular de oxígeno y otros insumos médicos.
Los bloqueos surgieron en medio de movilizaciones que reclaman la salida del presidente Rodrigo Paz y que se extendieron progresivamente a varias regiones bolivianas.
Aunque en los últimos días se realizaron operativos para abastecer algunos hospitales, las autoridades reconocen que el margen de maniobra sigue siendo limitado.
Jhanet Aliaga, directora del Hospital de la Mujer, explicó que los envíos recientes permitieron recuperar temporalmente las reservas.
“Gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno que les alcanzará para dos a tres días”, señaló.
La situación también repercute en los pacientes que necesitan atención especializada. Muchos no logran llegar a los centros médicos debido a los bloqueos en las carreteras o enfrentan largas demoras para ser atendidos.
Las consecuencias humanitarias del conflicto comenzaron a reflejarse también en las estadísticas oficiales. El gobierno informó esta semana una nueva muerte vinculada a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo debido a las interrupciones en las vías de comunicación.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos relacionados con la crisis, la mayoría asociados a dificultades para acceder a servicios de salud. El organismo también contabilizó 23 personas heridas y 321 detenidos desde el inicio de las protestas.
El impacto de los bloqueos se extiende mucho más allá del sistema sanitario. La Administradora Boliviana de Carreteras reportó que los cortes ya alcanzan siete de los nueve departamentos del país. Las regiones de La Paz y Cochabamba figuran entre las más afectadas.
El aislamiento prolongado generó problemas de abastecimiento de combustibles y alimentos, especialmente en los principales centros urbanos del altiplano. Comerciantes, transportistas y sectores productivos vienen reclamando medidas urgentes para restablecer la circulación.
Las organizaciones empresariales calculan que las pérdidas económicas acumuladas rondan los 2.000 millones de dólares, en un contexto ya marcado por dificultades fiscales, escasez de divisas y desaceleración económica.
En algunas zonas comenzaron a registrarse intentos de negociación para aliviar la emergencia. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó que grupos movilizados permitieron durante algunas horas el paso de camiones que transportaban oxígeno medicinal, combustible y alimentos.
Según explicó, el objetivo es habilitar corredores que permitan abastecer especialmente al norte del departamento de La Paz, donde la situación logística se ha vuelto cada vez más compleja.
Mientras tanto, crecen las presiones políticas para encontrar una salida al conflicto. El ex presidente Jorge Quiroga reclamó una respuesta más contundente del Ejecutivo y sostuvo que “el gobierno tiene que tomar una decisión muy clara: gobernar es decidir”.
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades y a los sectores movilizados priorizar el diálogo para evitar una profundización de la crisis. El organismo instó a garantizar tanto el derecho a la protesta como el acceso de la población a servicios esenciales.
