La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, busca la prohibición total de dispositivos móviles y la instalación obligatoria de inhibidores. Desde el Servicio Penitenciario aseguran que la restricción ya existe por reglamento.
El uso de la tecnología dentro de los establecimientos carcelarios vuelve a estar en el centro de la escena política de la provincia. La Cámara de Diputados de Salta debate una fuerte iniciativa legislativa que propone prohibir de manera total y absoluta el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares, tablets y computadoras portátiles por parte de los internos en todas las unidades penitenciarias salteñas.
El proyecto, impulsado en conjunto por los diputados libertarios Eduardo Virgili, Andrés Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids Cornejo, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Franco Lastra y Sergio López, busca dar de baja cualquier disposición administrativa previa que flexibilizara el uso de dispositivos personales. El argumento central de los legisladores es frenar de raíz la planificación de maniobras delictivas, como estafas virtuales y extorsiones, organizadas desde el interior de pabellones como el de Villa Las Rosas.
Teléfonos fijos y videollamadas supervisadas
Lejos de aislar por completo a las personas privadas de la libertad, el proyecto plantea un esquema alternativo para garantizar el derecho a la comunicación bajo un estricto control estatal:
- Comunicaciones institucionales: Los internos solo podrán comunicarse mediante teléfonos fijos o equipos móviles provistos y auditados por el Servicio Penitenciario.
- Límites estrictos: Las llamadas tendrán un tope máximo de 40 minutos diarios en horarios determinados y quedarán debidamente registradas.
- Videollamadas: Se prevé el acondicionamiento de espacios específicos para realizar videollamadas familiares que contarán con registro audiovisual.
- Excepción legal: Únicamente las llamadas entre los internos y sus abogados defensores quedarán libres de supervisión para resguardar la confidencialidad técnica.
El punto clave: Inhibidores de señal sin afectar a los vecinos
Uno de los mayores desafíos del proyecto radica en la obligatoriedad de instalar sistemas de inhibición de señal celular e internet en los perímetros de las cárceles. Para evitar los habituales problemas que estos sistemas generan en los barrios periféricos a los penales, la ley exige que el Poder Ejecutivo coordine con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) estudios técnicos rigurosos. El objetivo es blindar la interferencia de manera exacta hacia el interior de los módulos sin perjudicar las líneas de los vecinos ni los servicios de emergencia de las zonas aledañas.
La respuesta del Servicio Penitenciario: “Ya está prohibido”
El debate legislativo no llega en el vacío. Fuentes del Servicio Penitenciario salteño salieron al cruce aclarando que el Reglamento interno de las unidades carcelarias —basado en la histórica Resolución N° 159/02 de la Secretaría de Justicia— ya establece la prohibición del uso de celulares personales.
Sin embargo, los autores del proyecto insisten en que llevar la restricción al rango de Ley Provincial otorgará herramientas jurídicas mucho más severas a los guardiacárceles, eliminando grises normativos y obligando a la inversión en la tecnología de bloqueo que hoy se vuelve indispensable frente al avance del cibercrimen.
