La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) dio a conocer el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales y en el documento se expuso que durante el último año hubo déficits estructurales, opacidad informativa y retroceso normativos.
En cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875, el pasado 28 de mayo se remitió a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo en el Congreso el Informe Anual sobre los derechos humanos en las cárceles federales.
Acerca de la situación nacional, a diciembre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) reportó 12.152 personas detenidas en las cárceles: 11.164 varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). Del total, el 63% contaba con condena firme y el 37% se encontraba en prisión preventiva.
En los últimos dos años, la población detenida creció un 5,4% (2024) y un 3,6% (2025). El año pasado, el SPF declaró un aumento de 516 plazas.
Un dato aportado por la PPN es que hasta el momento no se dispone de información actualizada y desagregada por establecimiento penitenciario, debido a que se dejó de publicar esos datos en el sitio web oficial. La última actualización disponible corresponde a un informe del 2024.
Este medio supo saber que se documentaron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y en otros lugares de detención. Además, se reportaron 48 muertes, de las cuales 14 fueron violentas: seis por ahorcamiento, siete en el marco de incendios y una a causa de traumatismos.
Durante 2025, la PPN recibió 19.539 reclamos, principalmente vinculados a problemas de salud, trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia.
Como todos los años frente a las denuncias presentadas, se realizaron monitoreos constantes en cárceles, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, así como en dependencias de fuerzas federales.
Además, la Procuración emitió seis recomendaciones sobre expulsión anticipada, derecho a la salud en comisarías y alcaidías, acceso al trabajo, falta de profesionales de la salud, regulación de visitas entre personas detenidas y prevención de registros corporales intrusivos.
Se intervino en 45 hábeas corpus colectivos para reclamar mejores condiciones de detención. Uno de los más representativo, presentado en marzo, impugnó la Resolución 372/2025 que restringió el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles federales al prohibir el funcionamiento de centros de estudiantes y limitar el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada.
