¿Por qué Salta recibió solo el 4 por ciento de los fondos nacionales para rutas?

Un informe publicado por el diario La Nación reveló un marcado desequilibrio en la distribución de los fondos nacionales destinados a la infraestructura vial, donde la provincia de Salta recibió apenas $3.950 millones durante 2026, lo que representa un 4,64% de un total repartido de $85.138 millones. La cifra cobra relevancia al compararla con distritos vecinos de menor extensión o población como Jujuy, que captó $12.218 millones (14,35%), o Misiones, que lideró el reparto con $13.493 millones (15,85%), mientras jurisdicciones como Catamarca, Chubut y La Pampa no registraron desembolsos en el período. Este esquema generó duros cuestionamientos del gobernador Gustavo Sáenz, quien recordó que la Provincia viene ejecutando con recursos propios obras de jurisdicción nacional —como la ruta 9/34, la ruta 51 y el puente de Vaqueros— para evitar la paralización total de los trabajos.

El trasfondo financiero exhibe una controversia aún mayor en el manejo de las cuentas públicas. A través del Sistema Vial Integrado (SisVial), administrado mediante impuestos a los combustibles, la Nación acumuló $1,5 billones en lo que va de la gestión central, pero solo ejecutó cerca de $394.406 millones en obras efectivas. El saldo restante de más de $1 billón permanece colocado en instrumentos financieros como plazos fijos y títulos públicos, una maniobra que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció como parte de la estrategia del Ministerio de Economía para sostener la meta del equilibrio fiscal. Esta subejecución del 73,8% motivó un fuerte pronunciamiento de la Cámara Salteña de la Construcción, entidad que alertó sobre la pérdida sostenida de puestos de trabajo genuinos e insistió en que el esfuerzo financiero que realiza la Provincia no resulta sostenible sin el reinicio de las partidas nacionales. El reclamo se trasladará este miércoles a Posadas, donde los diez gobernadores del Norte Grande recibirán al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para exigir definiciones urgentes sobre infraestructura y tarifas energéticas.