La Justicia Federal formalizó la imputación contra 15 personas acusadas de integrar una organización dedicada a la confección y facilitación de certificados médicos, estudios e historias clínicas falsificadas para la obtención irregular de pensiones no contributivas por discapacidad. Entre las personas imputadas figura el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana, además de profesionales de la salud —médicos y bioquímicos—, exdirectivos de centros hospitalarios y empleados municipales.
La causa, encabezada por el fiscal general federal Carlos Martín Amad, focaliza el accionar de la pesquisa en los eslabones clave que gestionaban la documentación apócrifa para defraudar al Estado. De acuerdo con las estimaciones de la fiscalía, en el departamento Anta se detectaron cerca de 9.000 beneficios bajo sospecha, lo que representaría un perjuicio económico estimado en $3.280 millones mensuales para las arcas públicas. Asimismo, la investigación reveló cobros de entre $20.000 y $1.000.000 por parte de gestores e intermediarios para tramitar los expedientes de manera fraudulenta.
Al argumentar la estrategia procesal, el fiscal Amad remarcó que el objetivo central es desarticular la cadena de producción del fraude: “Prefiero ir contra la fábrica de certificados y no contra las personas que adquirían los certificados. No me interesa investigar al perejil”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal. Tras la imputación formal de los 15 involucrados, la causa avanzará con nuevas medidas probatorias y la auditoría sobre miles de legajos previsionales vigentes en la zona.
