Un proyecto de ley enmarcado en el régimen de Inocencia Fiscal busca modificar sustancialmente el esquema de sanciones tributarias, con el objetivo de evitar que micro y pequeñas empresas, personas humanas y entidades sin fines de lucro queden expuestas a multas desproporcionadas por errores o incumplimientos formales.
La iniciativa establece reducciones drásticas en los montos de las sanciones según la escala del contribuyente: de hasta el 80% para microempresas, personas humanas y ONGs, y del 60% para pequeñas empresas. Esta medida apunta a morigerar los fuertes incrementos derivados de las actualizaciones de multas, que en el caso de faltas vinculadas a declaraciones juradas informativas han llegado a alcanzar cifras millonarias. Asimismo, el proyecto introduce la obligatoriedad para la Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) de notificar formalmente a los contribuyentes de menor tamaño antes de instruir sumarios o aplicar sanciones, otorgando un plazo de regularización que podrá extenderse hasta los 90 días.
