El Gobierno envió la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con foco en Malvinas

El Poder Ejecutivo Nacional elevó al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa integral impulsada por la gestión de Javier Milei que busca actualizar las herramientas del Estado para proteger recursos naturales, resguardar instalaciones estratégicas e intervenir frente a amenazas externas. Con la causa Malvinas como uno de sus ejes conceptuales fundacionales, el texto promueve el endurecimiento de sanciones ante la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la reforma de las leyes de Defensa Nacional y de Hidrocarburos.

Uno de los capítulos centrales amplía los alcances de la Ley 26.659 para sancionar cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables en la Plataforma Continental y el mar territorial argentino —con el foco puesto en proyectos como Sea Lion en Malvinas—. Las penas previstas no solo incluyen severas multas e inhabilitaciones penales por tareas de prospección o exploración sin aval del Estado, sino también la pérdida de beneficios fiscales, la revocación de concesiones y la prohibición de ejercer actividades comerciales en el territorio nacional a las empresas infractoras o vinculadas.

Asimismo, la iniciativa contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano interdisciplinario presidido por el Jefe de Estado e integrado por la Jefatura de Gabinete, los ministerios de Cancillería, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta estructura tendrá la tarea de fijar una Política de Seguridad Nacional obligatoria y transversal, además de diseñar una estrategia de protección sobre Infraestructuras Críticas (redes, sistemas e instalaciones esenciales). En esa línea, se reforma la Ley de Defensa Nacional (23.554) para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en la custodia de estas instalaciones clave y adaptar la preparación militar ante amenazas externas estatales y no estatales, tanto convencionales como cibernéticas o no cinéticas.