El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, estableciendo una pauta inflacionaria del 18% anual que vuelve a encender la polémica en torno al financiamiento del sistema científico, tecnológico y de educación superior. En un escenario signado por la pérdida del 35% del poder de compra real acumulada desde diciembre de 2023, la norma asigna incrementos que apenas empatan la pauta oficial a organismos como el CONICET, la CNEA, la CONAE y la Agencia I+D+i, supeditando su sostenimiento a que la inflación no supere la meta proyectada.
La situación reviste mayor gravedad en el ámbito de la investigación agropecuaria e industrial. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sufrirá una reducción nominal del 12,4% en sus partidas, sumando una caída real superior al 43% desde 2024, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) registrará un recorte nominal del 5,2%, acumulando una contracción del 49% en su presupuesto real. Ambos institutos continúan bajo la presión de reestructuraciones y reducciones de personal.
En el plano de la educación superior, el Ejecutivo asignó $7,34 billones para las universidades nacionales, cifra distante de los más de $11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento y dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. A la brecha de recursos se suma un eje de alto conflicto político: la inclusión del Capítulo II en el proyecto, que faculta al Ministerio de Capital Humano a exigir informes detallados sobre la finalidad del gasto y a suspender las transferencias de fondos en caso de incumplimientos, medida que los rectores rechazaron por considerar que vulnera directamente la autonomía universitaria.
