El Ministerio Público Fiscal de Salta fijó nuevas pautas de actuación uniformes para los fiscales de todos los distritos judiciales de la provincia ante delitos imputados a adolescentes de entre 14 y 18 años. La resolución, aprobada por el procurador general Pedro García Castiella, establece que el ingreso de menores al régimen de responsabilidad penal no significará de ningún modo darles el mismo tratamiento que a un adulto, sino aplicar respuestas judiciales diferenciadas según la edad, el nivel de desarrollo, la gravedad del hecho y el contexto de cada caso.
Para los menores de 14 años, el documento ratifica que no podrá iniciarse ni continuar persecución penal contra ellos, aunque las fiscalías deberán seguir investigando el hecho para determinar responsabilidades de terceros y resguardar los derechos de las víctimas.
En la franja de 14 a 16 años, la intervención penal será de carácter fuertemente restrictivo y deberá estar especialmente fundamentada, promoviendo soluciones alternativas para evitar la judicialización. Para el tramo de 16 a menos de 18 años, se mantendrá también un tratamiento especializado y diferenciado del fuero de adultos.
Puntos clave del nuevo protocolo del MPF
- Criterios según gravedad: Los delitos se clasificarán de forma orientativa en baja intensidad, intensidad intermedia e intervención prioritaria. En casos menores se priorizará la justicia restaurativa, mientras que los delitos graves requerirán una persecución prioritaria.
- Investigación de organizaciones y adultos: Los fiscales deberán profundizar las pericias cuando existan indicios de que los adolescentes son instrumentalizados, instigados o captados por adultos u organizaciones criminales.
- Privación de la libertad como última ratio: La detención durante el proceso se aplicará exclusivamente como último recurso ante riesgos procesales concretos. La sola gravedad del hecho no justificará la prisión preventiva sin evaluar medidas menos gravosas.
- Protección de víctimas y no revictimización: Se garantiza la información, participación y resguardo de las víctimas en todo el proceso, extremando la protección si la víctima es también un niño, niña o adolescente.
El protocolo busca equilibrar la exigencia de respuestas judiciales eficaces ante el delito con los estándares internacionales de derechos humanos en la infancia y adolescencia, garantizando que el sistema penal no revictimice ni desatienda las realidades complejas del fuero juvenil salteño.
