La Justicia federal sumó un nuevo antecedente en contra del articulado central del DNU 70/2023. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal —integrada por los jueces Florencia Nallar, Fernando Alcides Uriarte y Juan Perozziello Vizier— declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del mega DNU, eliminando la potestad de las empresas de medicina prepaga para fijar aumentos de manera unilateral e irrestricta.
El pronunciamiento judicial se dio en el marco de la causa “C.P., L.M. c/ OSDE s/ amparo/ sumarísimo valor cuota EMP-DNU 70/23”, revocando una sentencia previa de primera instancia del Juzgado N° 10. Con esta decisión, la Sala III se alineó de forma unánime con la jurisprudencia ya establecida por las Salas I y II del mismo fuero en el precedente “Mugica”, consolidando un fallo de alcance estructural para el sistema de salud privada.
Control estatal obligatorio y reajuste de saldos
El dictamen restituye las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) bajo los términos previstos originalmente en la Ley 26.682 (artículos 5°, inciso g, y 17). En consecuencia, el esquema operativo fijado por el tribunal contempla:
- Autorización previa requerida: Las prepagas deberán presentar y tramitar ante el organismo regulador el porcentaje de incremento que pretendan aplicar, justificando la estructura de costos y los cálculos actuariales de riesgo.
- Prohibición de aumentos unilaterales: La firma demandada no podrá aplicar subas automáticas bajo la sola alegación de variaciones en la estructura de costos.
- Ajustes y saldos a favor: Los pagos efectuados por la demandante al amparo de las medidas cautelares previas (ajustados por el Índice de Precios al Consumidor – IPC) fueron declarados de carácter definitivo y cancelatorio. Sin embargo, en caso de haber abonado montos ilegítimos por encima del esquema cautelar, la afiliada tendrá derecho a que se le computen las diferencias a favor en la cuota subsiguiente.
Creció la presión política y parlamentaria sobre el decreto
El fallo judicial se produce en un escenario de creciente tensión política e institucional en torno al DNU 70/2023. Tras la reciente aclaración del tribunal sobre el alcance procesal del artículo 154 (Ley de Tierras), la oposición en la Cámara de Diputados ha cerrado filas:
Movilización social: Coincidiendo con la cita en el Congreso, diversos sectores sociales, sindicales y políticos convocaron a una marcha federal el mismo 15 de octubre para exigir la derogación del decreto.
Sesión especial convocada: Bloques de la oposición solicitaron formalmente una sesión especial para el próximo 15 de octubre con el fin de tratar el rechazo definitivo del DNU, el cual ya cuenta con la invalidez aprobada en la Cámara de Senadores.
