La Policía de Salta apartó preventivamente de sus funciones y puso a disposición de la Justicia a dos efectivos provinciales tras ser vinculados con una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La medida administrativa, dispuesta por la propia fuerza, busca garantizar una investigación objetiva sobre su presunta participación dentro de una organización narcocriminal que operaba en el norte salteño.
El procedimiento se concretó durante la madrugada del martes, cuando la Dirección General de Drogas Peligrosas y la Fiscalía Penal de Embarcación ejecutaron 14 allanamientos simultáneos en dicha localidad. El operativo derivó en la demora de ocho personas: un sargento ayudante, un sargento de la fuerza provincial, seis mujeres y un hombre, varios de los cuales registraban antecedentes por delitos similares. Durante las irrupciones se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos informáticos, sumas de dinero en efectivo y estupefacientes.
En paralelo a la causa penal, el Ministerio de Seguridad ordenó la intervención inmediata de la Oficina General de Asuntos Internos para evaluar la responsabilidad administrativa que les cabe a los uniformados, cuyos nombres no fueron dados a conocer. Desde la cúpula policial enmarcaron la decisión dentro de una política de “depuración permanente” de la institución, en una jornada especialmente crítica para la seguridad provincial que coincidió con el requerimiento judicial ejercido por Gendarmería Nacional en la sede de la Policía Federal Argentina sobre calle Santiago del Estero.
