Como resultado directo de las gestiones institucionales encabezadas por el gobernador Gustavo Sáenz ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo nacional emitió una resolución general que dispone la postergación por 120 días en la aplicación de las modificaciones al régimen de tráfico vecinal fronterizo.
La medida, oficializada este jueves, otorga un compás de espera fundamental para amortiguar el impacto operativo y socioeconómico en las localidades limítrofes, abriendo un canal de diálogo institucional para analizar la normativa.
Mesas de trabajo y resguardo de la actividad comercial local
El mandatario provincial valoró la decisión del organismo fiscalizador y destacó la importancia del entendimiento alcanzado tras la reunión que mantuvo en los últimos días con el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y con el director general de Aduanas, José Vélis:
“Este impasse es fundamental y nos da la oportunidad de plantear nuestra postura provincial”, indicó Sáenz al confirmar que, durante este período de prórroga, funcionarán mesas de trabajo conjuntas para evaluar en detalle la realidad comercial de la frontera y consensuar de qué manera deben introducirse las modificaciones pretendidas sin perjudicar la economía formal.
Fundamentos de la resolución y objetivos del régimen
De acuerdo a los considerandos de la Resolución General 5914, que entrará en vigencia formal a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el organismo contempló las particularidades operativas y socioeconómicas de las zonas de frontera. El plazo adicional fue establecido con el propósito de posibilitar las adaptaciones técnicas necesarias sin vulnerar los usos, costumbres y el normal desenvolvimiento de la actividad comercial de los vecinos y pequeños operadores de la región.
Originalmente, las modificaciones normativas habían sido diseñadas para desalentar prácticas de fraccionamiento, reiteración sistemática de operaciones y desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados; conductas que, según el organismo de control, resultan incompatibles con los fines específicos del régimen aduanero de tránsito vecinal. Con esta tregua de cuatro meses, Salta y la Nación buscarán equilibrar los mecanismos de fiscalización aduanera con la protección del comercio legal en la frontera.
