Un pasajero procedente de la ciudad boliviana de Cochabamba, viajaba en un micro que tenía como destino la provincia de Mendoza, fue detenido e imputado el viernes pasado por el delito de tentativa de contrabando de estupefacientes.
La acusación penal, presentada ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, fue impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo del fiscal Marcos Romero. Junto a la imputación, la magistrada también dictó la prisión preventiva del pasajero.
Tras la identificación del imputado, Sergio Malale Roca, el auxiliar fiscal Rafael Lamas, procedió a relatar las circunstanciasen que se registró la detención. Relató que el miércoles pasado, en horas del mediodía, el pasajero fue requisado en un control de rutina en la Dirección General de Aduanas, en el Puente Internacional, ubicado en la localidad fronteriza de Salvador Mazza.
El acusado viajaba en un colectivo de origen boliviano que se dirigía a la provincia de Mendoza, pero que no pudo traspasar la frontera debido a una protesta en Bolivia, por lo que los pasajeros debieron cambiar de micro. En tales circunstancias, el personal de Aduanas, procedió a revisar el equipaje de los pasajeros. Un agente se percató de varias contradicciones por parte del pasajero. Se procedió a su detención, momento en que el pasajero se puso más nervioso.
Por el claro estado de sospecha, se procedió a otros controles con scanner, a los que el pasajero aceptó someterse. Como resultado de ello, se advirtió que presentaba objetos extraños en su tracto intestinal, por lo que el auxiliar fiscal dispuso su traslado e internación en el hospital local, donde se confirmó el diagnóstico.
Posteriormente, con el tratamiento médico para proceder a la evacuación de esos elementos, se pudo comprobar que transportaba 65 cápsulas de cocaína, con un peso total de 820 gramos, por lo que se procedió a su inmediata detención.
El fiscal solicitó a la jueza la prisión preventiva del pasajero, en función del riesgo de fuga, la falta de arraigo, la facilidad para entrar y salir del territorio nacional y el entorpecimiento procesal, entre otros argumentos. Estableció el plazo de investigación y solicitó una serie de pericias a fin de avanzar con la investigación del hecho. Al expedirse, la jueza Hernández hizo lugar a todas las medidas requeridas por compartir los fundamentos expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.
