La reciente semana ha sido testigo de una significativa derrota para el gobierno de Javier Milei, que se vio obligado a enfrentar las críticas y la desorganización interna con respecto a la nueva fórmula jubilatoria. A pesar de sus esfuerzos por solidificar su posición y superar la crisis generada por el rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que asignaba 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia, el oficialismo se encontró lidiando con una situación que dista de ser óptima. La votación en el Senado, donde el proyecto de movilidad jubilatoria fue aprobado con una contundente mayoría de 61 votos a favor y solo 8 en contra, se erige como un símbolo de la fragilidad del poder actual.
El proyecto en cuestión propone la actualización mensual de los haberes jubilatorios, basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras que la propuesta podría ser vista como un avance necesario para dignificar a los jubilados, muchos de los cuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza, la reacción del gobierno ha sido la de intentar deslegitimar el proceso legislativo ante la oposición que este proyecto ha suscitado dentro de sus propias filas. La ausencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, durante la votación, y las tensiones entre los diputados del oficialismo, la jefatura de la Casa Rosada y su principal aliado, Mauricio Macri, subrayan la cohesión frágil de la coalición gobernante.
La postura del presidente Milei, que ya había amenazado con un veto ante la aprobación en la Cámara de Diputados, sugiere la obvia disconformidad de su administración frente a una eventual pérdida de control sobre una de las decisiones más críticas consideradas en su agenda política. Posturas combativas han surgido desde su administración, destacando la influencia de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien, tras la aprobación del Senado, sostuvo que “el equilibrio fiscal es innegociable” priorizando un enfoque que no necesariamente considera las complejidades socioeconómicas que enfrenta el país.
Además, en un intento por reforzar su compromiso con el ajuste fiscal, los senadores de la coalición también decidieron congelar sus sueldos hasta diciembre y enviaron a comisiones un proyecto que establece un límite a los salarios de los tres poderes del Estado. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes ante las crecientes críticas y el agravamiento de la situación económica. La incapacidad del gobierno de Milei para abordar de manera efectiva las necesidades de los jubilados subraya una desconexión preocupante entre la política fiscal y la realidad social que viven millones de argentinos.
El resultado del Senado y la situación fiscal actual presentan un panorama complicado para Milei. Cualquier intento de avanzar mediante un veto podría amplificar las crisis que ya enfrenta, y lo sitúa en un lugar arriesgado donde las políticas de austeridad deben equilibrarse con el bienestar de una población que clama por cambios significativos en el sistema jubilatorio. Esta semana, sin duda, será recordada como un punto de inflexión en la evaluación de la administración actual y sus capacidades para forjar acuerdos que respondan tanto a la necesidad política como a las demandas sociales. La capacidad del gobierno para superar estas tensiones internas y externas será fundamental para su futuro, y el tiempo dirá cómo navegarán esta tormentosa coyuntura.