La reciente decisión del gobierno de establecer tres “días turísticos” no laborables en 2025 deja mucho que desear. Si bien la intención de promover el turismo interno es comprensible, pero la forma en la que se implementará esta medida es cuestionable, sobre todo en el ámbito laboral, para el trabajador.
Lo más preocupante es que serán los empleadores quienes decidan si otorgan o no, el día libre a sus trabajadores durante estos períodos. Además, no habrá obligación de pagarles como si fuera un feriado a quienes terminen trabajando. Esto implica que muchos empleados se verán privados de disfrutar de estos días de descanso, dependiendo de la buena voluntad de sus empresas, poniendo en riesgo los derechos de los trabajadores.
Resulta preocupante que, en un momento en que los trabajadores necesitan mayor protección y estabilidad, el gobierno opte por una medida que los deja a merced de las decisiones de sus empleadores. Esto abre la puerta a potenciales abusos y a la pérdida de derechos laborales adquiridos.
Esta política pasa la responsabilidad a los empresarios, eximiendo al Estado de garantizar el derecho de los trabajadores a contar con jornadas turísticas sin perder ingresos. En lugar de generar incentivos y obligaciones claras, el gobierno se lava las manos y deja el asunto en manos de los privados.
A diferencia de años anteriores, en 2025 las empresas definirán si el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre son días laborables o no. Y en todos los casos pagará el salario habitual a sus trabajadores.
La historia argentina está repleta de luchas y sacrificios de los trabajadores por conquistar y defender sus derechos. Lamentablemente, el actual gobierno “libertario” parece ignorar este legado y adoptar una postura que va en contra de los intereses de los trabajadores.
Es preocupante ver cómo, a pesar del esfuerzo y la determinación de miles de personas a lo largo del tiempo, ahora se pretende poner en riesgo los avances logrados en materia laboral. Los derechos de los trabajadores son una conquista fundamental que no se puede tomar a la ligera ni retroceder sin consecuencias.
Claramente, esta medida tiene mucho más de estrategia electoral que de política pública efectiva. En lugar de preocuparse por el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, el gobierno parece estar más interesado en hacer guiños al empresariado.
Estas acciones, representan un retroceso en materia de derechos laborales y una muestra más de la falta de compromiso del gobierno nacional con las necesidades reales de la población.
