Este 30 de diciembre se cumplen cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)en Argentina, una conquista histórica que convirtió al país en uno de los primeros en América Latina en legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación
La presencia de pañuelos verdes en las calles sigue siendo un símbolo fuerte de esa lucha social que comenzó mucho antes de 2020. El color representa a quienes impulsaron la legalización del aborto como derecho, derivado de años de organización feminista y activismo por los derechos sexuales y reproductivos.
Un movimiento con raíces profundas
La discusión sobre los derechos de las mujeres tiene una larga historia en Argentina. Desde el movimiento sufragista del siglo XX hasta el auge de marchas como Ni Una Menos en 2015, crecieron las voces que reclamaban igualdad y justicia social.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue clave en ese proceso: fundada en 2005, agrupó a diversas organizaciones y presentó repetidamente proyectos ante el Congreso durante años, con el pañuelo verde como símbolo unificador.
El camino legislativo
En 2018, una iniciativa para legalizar el aborto fue aprobada en Diputados pero rechazada en el Senado, en un debate que marcó a toda la sociedad.
Dos años después, en diciembre de 2020, el presidente Alberto Fernández envió un proyecto al Congreso y, tras intensas discusiones, la ley fue finalmente aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Desde su entrada en vigor, la ley reconoce el derecho de las personas con capacidad de gestar a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y, más allá de ese límite, protege el aborto en casos de violación o riesgo para la salud.
Más allá de los cinco años: desafíos y discusiones
Aunque la legalización fue vista como un avance histórico, el debate y la movilización no terminaron. Las calles siguen marcadas por el verde de los pañuelos que reclaman no solo que se mantenga el derecho, sino también que se garantice en la práctica. Movimientos sociales y colectivos feministas continúan reclamando políticas públicas efectivas, educación sexual integral y acceso real en todo el país.
En los últimos años surgieron críticas y tensiones políticas alrededor de cómo se implementa la ley y si se respeta plenamente su espíritu, con voces que sostienen que, en algunos lugares, el acceso enfrenta barreras crecientes.
