La Asociación Civil de Actividades Médicas Integrales (Acami) nuclea a 30 entidades de medicina privada como Avalian, Cemic, Fundaleu, Sancor Salud, Sanatorio Mater Dei, Leben Salud, Clínica San Camilo, Ase Nacional y Hospital Sirio Libanés, entre otras.
ACAMI cuestionó la decisión oficial de dar marcha atrás con los aumentos de las cuotas ya cobradas, alertando sobre las dificultades que afrontan muchas de esas empresas para sostener el esquema de costos, y reclamaron, a tono con el mensaje que pregona el Gobierno, que le otorgue “más libertad” al sector.
“El Poder Ejecutivo a través del DNU 70/2023 desreguló el sistema de salud para favorecer la libre elección e impulsar la libre competencia entre los distintos sectores. Sin embargo, si bien los principios declamados fueron bienvenidos e imprescindibles, su aplicación parcial y el retroceso que implican las últimas medidas tomadas está generando un daño al sector que posiblemente sea irreversible“, apuntaron las compañías en un comunicado.
Luego, agrega que “el peso de la carga impositiva que soporta el sector, que bajo las circunstancias actuales se torna impagable, requiere de una salida específica y cuidadosa para no dañar un sistema totalmente distorsionado”. Y señala que, agregado a esto, el incremento de los insumos médicos y los “merecidos” ajustes salariales para los trabajadores de la salud llevaron a una “situación terminal”
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia rubricado por Milei le otorgó vía libre a las prepagas para fijar el porcentaje de actualización de sus cánones sin intervención del Estado. Habilitadas por el Gobierno, las firmas aplicaron ajustes de entre 140% y 160% desde la entrada en vigencia del DNU.
De esta manera, los agentes de medicina privada dictaminaron que la reversión de la suba de las cuotas “fijando en última instancia un marco regulatorio para adelante y para atrás, afecta el marco jurídico y la libertad de las entidades establecido en nuestra Constitución Nacional y pone en estado de indefensión a la totalidad del sector de la medicina privada, exponiéndonos al incumplimiento de los compromisos asumidos y los futuros (próximas paritarias, incremento de los servicios públicos, de los costos en salud, la pérdida de subsidios, etc.) con el perjuicio para las entidades de salud, sus equipos y finalmente para los pacientes que se desea proteger”.
