La situación judicial que involucra a Argentina y la petrolera YPF continúa generando atención en los tribunales de Nueva York. La nación sudamericana presentó sus argumentos en una apelación ante la Corte del Segundo Circuito, en busca de que se revoque una decisión previa y se impida que Argentina pierda el control de sus acciones en la petrolera.
El gobierno argentino solicita que la suspensión de la transferencia del 51% de las acciones que posee en YPF sea definitiva y sin condiciones, sin necesidad de presentar garantías adicionales. La medida busca mantener el control de la compañía hasta que la misma corte resuelva la denominada “cuestión de fondo”: si la expropiación de YPF en 2012 fue legal y si Argentina debe pagar una indemnización que, según un fallo de 2023, supera los 17.500 millones de dólares.
El fallo de primera instancia, firmado por la jueza Loretta Preska, estableció que Argentina debe pagar ese monto como compensación por la expropiación, un proceso que aún está en revisión en la apelación. La Corte del Segundo Circuito, que aún no ha establecido un plazo para emitir su decisión, sería la encargada de definir si Argentina mantiene sus acciones o si pierden definitivamente el control de YPF.
Las partes en la causa esperan que la resolución se emita con rapidez, incluso en cuestión de horas, debido a la importancia del conflicto. La disputa también incluyó la participación del amicus curiae presentado por el gobierno de Estados Unidos, que apoyó la posición de Argentina, mientras que el fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio, criticó firmemente esa postura.
En caso de que la decisión sea adversa para Argentina, el gobierno ha anunciado que acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos para defender sus intereses.
Este proceso judicial marca un capítulo clave en la lucha por la propiedad y control de YPF, cuya resolución definiría el futuro de la relación entre Argentina y la petrolera estatal en el contexto internacional.
