En la antesala de un año crucial para su proyecto de poder, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei ajusta sus prioridades estratégicas con foco en política económica, cambio institucional y perfil ideológico de la gestión estatal. La Casa Rosada plantea un menú de reformas que van desde la búsqueda de estabilidad cambiaria hasta una ambiciosa reforma de la estructura del Estado y de las normas que rigen las finanzas públicas.
Según voceros oficiales, la meta este año es profundizar la agenda de desregulación y limitación de la intervención estatal, a partir de herramientas administrativas y legales que reduzcan trabas económicas y modernicen el funcionamiento del sector público.
📌 Ejes de la estrategia gubernamental
1. Estabilidad cambiaria como bandera política.
El Banco Central busca mantener la denominada “paz cambiaria”, con el dólar operando dentro de una banda controlada y sin saltos bruscos hacia arriba, objetivo interpretado por el oficialismo como clave para generar confianza en mercados e inversores.
2. Reforma del Estado para “profesionalizar” la burocracia.
En despachos oficiales se insiste en la necesidad de una nueva Ley de Administración Financiera, que actualice la normativa vigente desde los años ’90 y redefine procesos presupuestarios, de control y gestión de recursos públicos. La propuesta —que el Ejecutivo impulsará en el Congreso— se presenta como un paso hacia un Estado más eficiente y transparente, aunque también abre el debate sobre el rol del empleo público y las funciones de control.
3. Agenda legislativa con foco en la ortodoxia fiscal.
El Gobierno planea avanzar en el Parlamento con proyectos vinculados a la modernización laboral, normas de estabilidad fiscal que prohíban déficits estructurales y otras reformas de corte liberal. Este paquete, que incluye la modificación de leyes clave como la 24.156, será uno de los puntos más debatidos en las sesiones ordinarias de este año.
4. Debate político sobre alcance y liderazgo.
La conducción oficial interpreta estas iniciativas como parte de su identidad política y económica, tendientes a reducir el tamaño del Estado y estimular la competitividad, pero también enfrenta resistencia desde sectores opositores que cuestionan tanto el enfoque como el impacto social de estas transformaciones.
