A partir del próximo 5 de septiembre entrará en plena vigencia en todo el país la Ley 27.801, aprobada en febrero de 2026 y promulgada mediante el Decreto 138/2026, que establece la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. La normativa introduce un sistema procesal específico para adolescentes de entre 14 y 17 años acusados de cometer delitos, contemplando desde medidas socioeducativas hasta penas de hasta 15 años de prisión para ilícitos graves como homicidios, abusos sexuales, secuestros y robos con violencia.
El marco legal dispone que todos los procesos sean conducidos por jueces, fiscales y defensores especializados en materia penal juvenil. El esquema fija una escala gradual de respuestas judiciales que incluye amonestaciones, tareas comunitarias, prohibiciones específicas y reparación del daño, reservando la privación de libertad en institutos o establecimientos penitenciarios como último recurso. Asimismo, se garantiza la asistencia legal obligatoria a través de defensores públicos especializados desde el inicio del proceso.
