La disputa diplomática y soberana entre la República Argentina y el Reino Unido sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras la reacción del gobierno británico ante la demanda interpuesta por Buenos Aires ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo. Desde Londres salieron a blindar jurídicamente a las firmas transnacionales que participan en la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte.
Mediante una declaración oficial, la administración encabezada por el primer ministro Andy Burnham rechazó de manera categórica lo que consideró “intentos de intimidación” por parte del Estado argentino. En ese sentido, el secretario de Estado de Comercio e Industria, Jonathan Reynolds, confirmó que Gran Bretaña apelará a la Ley de Protección de los Intereses Comerciales con el propósito de neutralizar eventuales medidas cautelares, sanciones o normativas administrativas dictadas por Argentina contra las compañías petroleras.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, calificó como inaceptable cualquier tipo de presión sobre el sector privado y ratificó el respaldo irrestricto de su gobierno a la explotación unilateral de los recursos naturales en el archipiélago. Con esta postura, el Ejecutivo del Reino Unido redobló la apuesta política y legal, profundizando el conflicto sobre los derechos de jurisdicción en el Atlántico Sur.
