En el contexto actual, la situación de los jubilados y pensionados en Argentina se ha transformado en un tema central de discusión, no solo en el ámbito económico, sino también en el espectro político y social. La distorsión entre las pensiones que reciben y el costo real de la canasta básica de un jubilado es alarmante. Según los últimos estudios, el costo de esta canasta se estima entre 800.000 y 800.000 y 950.000, mientras que la jubilación mínima apenas alcanza los $225.497,54. Aún sumando un bono adicional, el ingreso total se queda corto, cubriendo apenas un 36% de las necesidades básicas de los jubilados. Es fundamental comprender que esta no es simplemente una cuestión de números; se trata de la calidad de vida de millones de ciudadanos que han trabajado toda su vida y ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.
Este escenario se agrava con la existencia de aproximadamente un millón de personas que reciben pensiones no contributivas, las cuales apenas les otorgan $220.000 mensuales, y otros 500.000 que dependen de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que representa solo el 80% del valor de la jubilación mínima. La suma de estas cifras revela una radiografía claro de la desidia gubernamental, que empuja a más de cinco millones de jubilados y pensionados hacia la pobreza. Las políticas adoptadas en los últimos años reflejan una falta de consideración hacia este sector de la población, cuya voz parece quedar relegada a un segundo plano en la agenda del gobierno.
El contexto político también resalta la grave problemática que enfrentan los jubilados. La reciente discusión sobre el posible veto a la fórmula de movilidad jubilatoria, que fue aprobad en el Senado con un aumento del 8,1%, es un claro ejemplo. Este incremento no aborda de manera efectiva la profundidad de la crisis económica que afecta a los jubilados. Para muchos, este aumento es completamente insuficiente y solo sirve para resaltar la falta de una política económica equitativa. Desgraciadamente, el gobierno percibe este proyecto como fundamental para su estrategia económica, sustentando su plan a costa del bienestar de los jubilados y pensionados.
La confirmación de Javier Milei, quien ha manifestado la intención de vetar el proyecto, ha intensificado las tensiones políticas. Esta decisión podría ser el detonante de un nuevo estallido social, una realidad que ya hemos ido presenciando en el último tiempo. La movilización de miles de jubilados hacia la Plaza de Mayo, convocada por un plenario de agrupaciones de jubilados, es una demostración palpable de la indignación que existe ante la situación actual. Esta concentración no solo busca visibilizar las demandas económicas, sino que también plantea un reclamo por dignidad y justicia social.
Los jubilados no son una “casta” alejada de la realidad; son el reflejo de la historia de trabajo, esfuerzo y sacrificio de generaciones que han contribuido al desarrollo del país. A medida que el costo de vida se eleva, es fundamental que las políticas públicas se ajusten a la realidad económica de los jubilados. Se debe abogar por una reestructuración coherente del sistema de pensiones que no solo considere el aumento de las jubilaciones, sino que también permita a estos ciudadanos vivir con dignidad.
La urgencia de estas demandas resuena más allá de los límites de la política y la economía; se trata de derechos humanos fundamentales. La posibilidad de que millones de jubilados se vean condenados a vivir en la pobreza rompe con los principios de una sociedad justa y equitativa. Por lo tanto, es imperativo que la administración actual establezca un diálogo frucífero y sincero con los representantes de los jubilados, buscando soluciones efectivas que aborden sus necesidades y reivindiquen su dignidad.
La movilización planeada para este miércoles es un claro recordatorio de que los jubilados son un componente vital de nuestra sociedad. Es un llamado a la acción que exige no solo un cambio en las políticas públicas, sino también un cambio en la percepción social. Los jubilados no son simplemente beneficiarios de un sistema, sino derechosos activos de la construcción de nuestro país. Frente a la crisis actual, es crucial que se escuchen sus voces y se tomen acciones concretas que aseguren un futuro digno para todos aquellos que, con su esfuerzo, han hecho posible la Argentina que hoy conocemos.
De la casta a una realidad social
