En un desarrollo reciente en el ámbito judicial argentino, el Gobierno nacional ha tomado una decisión significativa al rechazar las objeciones planteadas contra la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema. Este proceso, que ha suscitado un importante debate, se ha formalizado a través del decreto 785/2024, publicado en el Boletín Oficial. El decreto considera “inadmisible” el recurso de revisión presentado por diversas organizaciones y abogados que cuestionaban la validez del acto administrativo que elevó la candidatura de Lijo al Senado de la Nación.
Las objeciones dirigidas hacia la postulación surgieron de un conglomerado de voces, entre las que se encontraban el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diversas organizaciones civiles dedicadas a la justicia y la ética en la administración pública. Estos actores argumentaron que la candidatura de Lijo no cumplía con los requisitos esenciales establecidos por la legislación vigente y, en consecuencia, solicitaron la nulidad del acto administrativo que impulsó su consideración por parte del Senado.
No obstante, el Gobierno ha respondido con firmeza, indicando que “no se configura ninguna de las causales que viabilizarían un recurso de revisión como el intentado”.
La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto delicado, ya que se espera la evaluación de la Comisión de Acuerdos del Senado sobre los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei. En este sentido, la inadmisibilidad del recurso de revisión refuerza no solo la candidatura de Lijo, sino también la autoridad del Gobierno para llevar adelante el proceso de selección de jueces supremos sin interferencias externas que consideren insuficiencias donde el propio Gobierno no las observa.
Este episodio pone de manifiesto la tensión permanente entre el poder ejecutivo y las entidades que abogan por la transparencia y la legalidad en la selección judicial. Sin embargo, también invita a reflexionar sobre el papel de estas organizaciones en la configuración del sistema judicial y la importancia de su participación activa en la defensa de principios democráticos. A medida que avanza la discusión en el Senado, la atención se centrará no solo en la figura de Lijo, sino también en el marco más amplio de la independencia del poder judicial en Argentina y su relación con el poder ejecutivo.
Este rechazo resalta indudablemente las complejidades entre distintas ramas del Gobierno. A medida que se espera el veredicto del Senado, será fundamental observar cómo se desarrollan estos acontecimientos y cuáles serán las implicaciones para el futuro de la justicia en el país.
