El presidente Javier Milei firmó recientemente el decreto que designa en comisión al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla, en un contexto marcado por la falta de acuerdo político en el Senado para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión, que se publica en el Boletín Oficial, da inicio a un proceso que podría tener un impacto significativo en el funcionamiento del máximo tribunal del país.
La decisión de Milei de proceder con estas nombramientos, a pesar de la resistencia de la oposición, se da después de casi un año de negociaciones fallidas. Desde el Gobierno, existe una clara intención de que Lijo y García-Mansilla asuman sus funciones a la brevedad posible. Sin embargo, esta situación ha generado una respuesta crítica por parte de distintos sectores de la oposición, que consideran que la designación en comisión podría vulnerar la independencia judicial y el procedimiento establecido para tales nombramientos.
Con esta medida, el Ejecutivo enfrenta un momento crucial, ya que la respuesta de la Justicia será determinante para avanzar con la asunción de los nuevos jueces. Los próximos días serán clave para observar cómo se desarrolla este proceso y qué pasos seguirán tanto el Gobierno como la oposición ante la situación planteada.
