La educación pública, y en especial las universidades estatales, representan no solo un pilar fundamental de la formación de ciudadanos críticos y preparados, sino también un reflejo de los valores democráticos y sociales de una nación. La reciente aprobación de la ley de financiamiento universitario por parte de la Cámara de Diputados y su ratificación en el Senado, a pesar de las amenazas del presidente Milei de vetarla, marcan un punto de inflexión en la lucha por la defensa de la educación pública en nuestro país. El contexto actual, caracterizado por la polarización política y las decisiones drásticas del gobierno, exige un análisis profundo de la situación que enfrentan nuestras universidades y de la importancia de su resguardo como un bien común.
El pasado 15 de agosto, cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley con 144 votos a favor, se dio un paso significativo hacia el fortalecimiento de las instituciones educativas públicas. Sin embargo, esta victoria legislativa es frágil y está amenazada por un gobierno que ha demostrado, desde su llegada al poder, una oposición manifiesta a la educación pública y los derechos sociales de los sectores más vulnerables. La situación no es solo preocupante, es alarmante. Las acciones del presidente Milei en contra de leyes que beneficiarían a jubilados y empleados públicos, muestran una falta de compromiso con el bienestar de la población y una preferencia por políticas que priorizan el control estatal a través de la represión.
El ataque sistemático a la universidad pública va más allá de recortes presupuestarios; es parte de un intento deliberado de desmantelar un sistema que ha permitido el acceso a millones de jóvenes a una educación superior. El presupuesto para 2025, que incluye un aumento del 28% para las universidades, es manifiestamente insuficiente frente a la creciente inflación y las necesidades urgentes de nuestras instituciones. El contraste con el aumento propuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que inicia un aumento de más del 94%, es inaceptable. Esto revela las verdaderas prioridades del gobierno: un enfoque en la vigilancia y represión en lugar de la educación y la inversión social.
La universidad pública ha sido históricamente un motor de cambio social y una vía de movilidad para ciudadanos de distintos orígenes. A través de la educación superior, muchas personas han tenido la oportunidad de acceder a mejores condiciones de vida, de ser agentes de cambio en sus comunidades y de contribuir al desarrollo del país. La desfinanciación de estas instituciones no solo pone en riesgo la calidad educativa, sino que también amenaza con aumentar la desigualdad y perpetuar la exclusión de quienes carecen de recursos para acceder a la educación privada.
El rechazo a la violencia estatal y la defensa de los derechos humanos deben ser la base de cualquier discusión sobre políticas públicas. La represión brutal que ha ocurrido en respuesta a las protestas es un claro indicativo de un gobierno que no sostiene su poder a través del diálogo, sino a través del miedo. Cuando se lacera el derecho a manifestarse, se está socavando la democracia misma. La imagen de una niña de 10 años siendo objeto de ataques por parte de agentes de seguridad no solo es un hecho aislado; es un reflejo de la descomposición social que genera un gobierno que ignora las demandas legítimas de su pueblo.
Ante esta situación, es responsabilidad de toda la sociedad civil organizada, académicos, estudiantes, docentes y ciudadanos en general, alzar la voz en defensa de la universidad pública y de los derechos humanos. La colaboración entre diferentes sectores se vuelve crucial. Solo a través de la movilización y la reivindicación de nuestros derechos podremos enfrentar un sistema que busca deslegitimar y destruir logros construidos durante años a base de luchas y sacrificios.
La defensa de la universidad pública no es solo una cuestión educativa, sino un imperativo moral en pro de la justicia social. La educación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Un verdadero gobierno debe reubicar su enfoque, priorizando el bienestar del pueblo por encima de sus intereses personales o ideológicos. Debemos exigir que se reestablezcan las prioridades del financiamiento estatal, donde la educación, la salud y la justicia social sean el eje central de las políticas públicas. Defender la universidad pública es defender la posibilidad de un futuro más justo y equitativo para todos. La lucha apenas comienza, pero la historia nos enseña que la unión y la determinación son claves para forjar un mañana donde la educación siga siendo un derecho accesible para todos.
