En el actual contexto socio-político de nuestro país, se evidencia una disparidad alarmante entre las necesidades de las poblaciones más vulnerables, como los ciudadanos con discapacidad, y la dirección de los recursos económicos que el gobierno elige priorizar. En un escenario donde las obras sociales han fallado en brindar el apoyo necesario a las personas con discapacidad, surgen demandas legítimas y amparos judiciales que exigen una atención integral y digna por parte de las instituciones responsables. Sin embargo, a tan solo unos días de que se anunciara una significativa cifra de inversión destinada a la Secretaría de Inteligencia, se ha promulgado la Resolución 710/2024 del Ministerio de Seguridad, que da vida a la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). Este nuevo organismo plantea como objetivo primordial la supuesta mejora en la “prevención, detección, investigación y persecución del delito”, desviando así la atención y los recursos de una de las problemáticas más acuciantes del país: la salud de los ciudadanos con discapacidad.
Los reclamos de este sector de la población, cuya vulnerabilidad queda manifiesta en la ineficacia de las obras sociales para garantizar el acceso a tratamientos, medicamentos y servicios de salud adecuados, son un reflejo de una realidad que ha sido ignorada por las políticas públicas. Mientras que millones de ciudadanos luchan por obtener atención médica de calidad, el gobierno despliega recursos en la creación de una unidad que, bajo la justificación de mejorar la “ciberseguridad”, se dedica a espiar y controlar la vida digital de la población. La ministra Patricia Bullrich ha enmarcado esta iniciativa como una medida para incrementar la eficiencia en la lucha contra el delito; no obstante, surge la pregunta sobre cuán efectiva puede ser una estrategia que recorta urgentemente recursos de sectores tan críticos como el de la salud.
La UIAAS, con sus funciones de patrullaje en redes sociales, análisis de imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real y uso de algoritmos para predecir delitos, ha suscitado críticas debido a la potencial violación de derechos y libertades individuales. Este enfoque policial no solo desvía la atención de problemas estructurales que requieren atención inmediata, sino que también refuerza la sensación de que el gobierno prioriza la vigilancia sobre el bienestar social. Las diferencias entre la inversión destinada a la protección de los ciudadanos y la atención médica de las personas con discapacidad son notorias y preocupantes. Este desbalance pone de manifiesto una jerarquía de necesidades que ignora la dignidad y los derechos fundamentales de un sector ya marginado.
La actual administración parece optar por un enfoque que se centra más en la vigilancia y el control que en garantizar los derechos básicos de salud para aquellos que más lo necesitan. Las obras sociales deben ser reformadas y fortalecidas, priorizando el acceso y la atención a quienes sufren en silencio por la falta de recursos y apoyo en el ámbito de la salud. Las inversiones deben orientarse hacia la creación de un sistema más equitativo y justo, donde el bienestar de la población no sea eclipsado por iniciativas que parecen más interesadas en la seguridad y el control, que en la protección de la salud y los derechos de los ciudadanos. Es imperativo que la sociedad tome conciencia de estas desigualdades y exija un cambio que coloque a las personas con discapacidad en el centro de las políticas públicas y no en el espionaje a las autoridades gubernamentales que no pertenecen a la línea ideológica libertaria.
