La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), debatió la iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene por finalidad “actualizar el Código Penal en lo que respecta al derecho a ejercer la legítima defensa y al debido accionar de las fuerzas de seguridad en un Estado democrático de derecho”.
En este sentido, el proyecto expone tanto “una mirada centrada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos”. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”.
Al respecto, la titular de la Comisión, Laura Rodríguez Machado (PRO) dijo sobre el proyecto que modifica los de los artículos 34, 237 y 238 del Código Penal, sobre resguardo del orden público que “después de varias reuniones tenemos la posibilidad de dictaminar sobre los presentes temas” con la incorporación del texto de “agravamiento de los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias e incorporación como nuevo tipo penal su utilización”.
El vicpresidente de la Comisión, diputado Martín Soria (UxP), adelantó que presentarán dictamen propio y rechazó el expediente del Ejecutivo por considerarlo que no “tiene otra finalidad que la criminalización de la protesta e incentivar el gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad”. “La modificación del artículo 237 busca básicamente profundizar la represión de la protesta, básicamente aumenta las penas del delito de atentado a la autoridad”, dijo. Y sobre la Legítima Defensa expresó que “tiene la práctica de avala las ejecuciones extrajudiciales. Los problemas sociales se resuelven con más gestión política no con más represión”.
La diputada, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), expresó que este es el “contexto para legalizar el accionar de las fuerzas de seguridad pero, a la vez, legislar comprometiendo mejorar la seguridad de nuestro país y, al mismo tiempo, establecer reglas claras para que la policía cuente con las herramientas sin persecuciones pero que se erradiquen todas prácticas delictivas dentro de las fuerzas de seguridad”. “Aceptamos que se incorpore el proyecto de legítima defensa, se receptaron todas las mejoras, correcciones propuestas y, por ende, podemos construir un dictamen de mayoría con todas estas modificaciones”.
“Tenemos dos proyectos uno del Ejecutivo y otro que propuse pero por un trabajo colectivo, en un equilibrio para que se mejoren las prácticas de las Fuerzas de Seguridad”, explicó.
El diputado Christian Castillo (PTS-FIT unidad), consideró que “son temas nodales, no por los motivos que considera el Poder Ejecutivo, sino por lo contrario los proyectos son el aumento de la discrecionalidad para actuar de las Fuerzas de Seguridad y que la policía tenga las manos libres”. “El objetivo es quitar el derecho a protesta de la población, lo vamos a pagar en vida por las prácticas de gatillo fácil que recorre nuestro país de punta a punta”.
