El dólar y el tabaco tiene algo en común muy evidente: su color verde. Tan evidente como el nexo que existe entre un recientemente todopoderoso empresario tabacalero, llamado Pablo Otero, El Señor del Tabaco, con cuatro diputados nacionales; uno de la Libertad Avanza, dos del PRO y otro de Unidos por la Patria más un sector de la justicia y lógicamente con alguien de mucha influencia, cercanísimo al poder. Al punto que el tema fue expresamente excluido del nuevo texto de la ley Bases, sin explicación alguna.
Así es que estamos en presencia del mayor fraude tributario de la historia argentina, debido a que todavía no se conoce ni cuál es el monto total real de la evasión, ni la dimensión de la influencia de El Señor del Tabaco en esos cuatro legisladores, ni en círculo que rodeaal poder. Es decir evasión más omisión. Una mezcla explosiva si se quiere. Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Tabacaleras formuló una denuncia penal, porque el fraude el Fisco podría ascender, en principio, a la escalofriante suma de U$S 800.000.000 de parte de la Tabacalera Sarandí, de propiedad de Otero. Si leyó bien la cifra: ochocientos millones de dólares. La cifra podría ser mayor. No hace mucho tiempo en los Estados Unidos se descubrió una maniobra similar que determinó un fraude en catorce estados por valor de U$S 364.000.000.000. Es decir trescientos sesenta y cuatro mil millones de dólares. Finalmente fue desbaratada.
Los diarios La Nación, Clarín e Infobae, publicaron una serie de artículos desentrañando la madeja que afecta a las finanzas públicas nacionales y en particular a las provincias tabacaleras como Salta, como también al Fondo Especial de Tabaco. Periodistas como Marcelo Longobardi y Eduardo Feinmann fueron amenazados, al igual que el gobernador Gustavo Sáenz, quien se quejó airadamente pese al ruidoso silencio de los legisladores nacionales por Salta. Otero pretendió replicar con otra denuncia, que curiosamente cayó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, propuesto para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el presidente Javier Milei. Otra controversia más que tiene a Lijo por protagonista central.
Un artículo de investigación publicado por La Nación apunta a Diego Santili, Cristian ritondo, Carlos Castagneto y Carlos Zapata como los legisladores que se habrían interesado en que el tema no sea incorporado a la ley Bases. El tema es sencillo: Tabacalera Sarandí, se autopercibe como una Pyme. De tal manera que en vez de pagar impuestos por ochocientos millones de dólares, que según su propio dueño Otero, es la ganancia anual que obtiene, tributa por la tercera parte.
Ante el escándalo el diputado nacional salteño, Carlos Zapata sólo atino a decir que se encuentra en el medio de dos gigantes ¿Porqué debería encontrarse en esta situación, si él mejor que nadie conoce la situación del sector tabacalero? Zapata fue directivo de la Cámara del Tabaco de Salta y es productor. Por eso llama la atención que se vea en una encrucijada, cuando en realidad debió haber acompañado la denuncia de Guinle sin titubear y, de paso, defender los intereses económicos de la Provincia. No lo hizo y se siente al medio. Una curiosísima forma de evadir responsabilidades que la justicia deberá determinar hasta dónde llegan.
