El Gobierno avanza con una reforma laboral que busca transformar de manera profunda las condiciones de empleo en la Argentina. Con el argumento de “modernizar” las relaciones laborales y fomentar la creación de empleo formal, el proyecto propone modificaciones estructurales que impactan en los derechos y en la negociación colectiva.
Entre los principales puntos, se plantea eliminar o reducir los juicios laborales, limitar la intervención de los sindicatos y reemplazar las paritarias por negociaciones individuales o por productividad. También se propone flexibilizar las condiciones de despido, sustituir la indemnización por otros mecanismos compensatorios y permitir que los salarios se acuerden en distintas monedas.
Otra de las medidas destacadas es la creación de una nueva figura laboral que habilita a los empleadores a contratar trabajadores bajo esquemas más flexibles, incluso como monotributistas, sin las garantías de un empleo formal tradicional. Para los críticos, esto implicaría una “formalización de la precariedad”, al equiparar derechos laborales con los de los trabajadores informales.
Especialistas en derecho laboral advierten que la iniciativa representa un retroceso en la protección de los derechos conquistados. El exministro Carlos Tomada señaló que el proyecto “pone en riesgo la noción de trabajo digno”, mientras que la abogada laboralista Laura Sasprizza advirtió que los cambios propuestos “debilitan la justicia laboral y la capacidad de defensa del trabajador”.
La reforma se enmarca en un conjunto más amplio de políticas económicas que incluyen desregulaciones, recorte del gasto público y reformas previsionales, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. En este contexto, se observa una pérdida significativa del salario real y un aumento del pluriempleo, especialmente en el sector público, donde más del 60 % de los trabajadores sostiene dos empleos para completar sus ingresos.
En síntesis, el proyecto busca reconfigurar el sistema laboral argentino bajo la premisa de reducir costos y promover la competitividad. Sin embargo, para amplios sectores sindicales y académicos, podría derivar en una reducción de derechos, menor estabilidad y un incremento de la desigualdad en el mundo del trabajo.
