Resignado a esperar que el Congreso empiece a tratar su “ley de Hojarasca”, cuyo devenir ya no depende de su voluntad, el flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, prepara su primera jugada por decreto desde que se incorporó formalmente al Gabinete.
El creador del famoso, polémico y, en parte, frenado DNU/70, estrenará la lapicera con la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos, que saldrán del organigrama estatal de un tirón, se achicarán considerablemente o se fusionarán con otras áreas.
La lista del “decreto 51″, como lo llamaron a priori, todavía está preparándose, pero incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada. Los pocos ejemplos que dejaron trascender desde la Casa Rosada son el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que depende del Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que funciona en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y donde acababan de nombrar al exfuncionario de Mauricio Macri, Claudio Avruj; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que depende de la cartera de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona. Pero serán unas 60 entidades, de mayor o menor magnitud.
