El Gobierno nacional avanzó con la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el histórico programa de acceso a la vivienda creado en 2012, que facilitó a miles de familias la posibilidad de acceder a la casa propia mediante líneas de créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos en todo el país. La medida, oficializada a través de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, genera inquietud y dudas entre los titulares de créditos y las familias que aún esperan la finalización o adjudicación de sus viviendas.
Mediante la publicación de la resolución, el Ministerio de Economía dispuso el inicio del proceso de liquidación del Fondo Pro.Cre.Ar, a la vez que estableció los pasos para la administración de los préstamos vigentes, que quedarán en manos del Banco Hipotecario S.A. El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”, además de considerar que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado nacional.
En los considerandos de la medida, se refieren a informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectaron “demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, desactualización de manuales de procedimiento y dificultades para el control y fiscalización de recursos”. La auditoría también subrayó sobrecostos generados por los atrasos y una administración tildada de poco transparente y ágil.
Mientras tanto los créditos ya otorgados: El Ministerio de Economía dispuso que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado con iguales condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago. os beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones. Las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente a lo largo de estos años.
La liquidación del fondo implica que la administración económica y legal de los créditos —cobro de cuotas, emisión de deuda y eventual renegociación— se mantendrá a cargo del Banco Hipotecario, tal como venía funcionando. Además, la Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa.
