Durante las últimas horas se hizo viral el desalojo de un anciano de 78 años y su familia, de su terreno ubicado en la localidad de San Carlos, a partir de una orden que ostentó en el lugar el Juez de Paz local Francisco Brabo, el abogado Cesáreo Pastrana, y un oficial de Justicia.
Dicha orden ha sido puesta en duda por parte de la familia hoy damnificada. A partir de este caso, salió a la luz la ausencia total de un catastro general para el municipio, y la falta de control sobre la nomenclatura de los terrenos, con consecuentes conflictos que van desde la usurpación, hasta la alteración de extensiones de terrenos y documentos. Las sospechas de posibles irregularidades para el caso de Justo Hemetrio Guanca apunta a que por las tierras en donde vive desde hace más de 4 décadas y que se extienden a lo largo de 5 hectáreas, existe ya iniciado, un proceso judicial de Posesión veinteañal en donde una de las partes interesadas es Marcelo Tula, esposo de la intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas. El mismo no ha finalizado, por lo que cualquier tipo de desalojo, se entiende carecería de lógica, desprendiendo todo tipo de conjeturas por parte de la familia Guanca.
Este viernes, se dio cumplimiento al mandamiento de lanzamiento, en medio de una situación de tensión y resistencia por parte de los ocupantes originarios, que además insistieron en denunciar a través de las redes sociales, la existencia de un “supuesto tráfico de influencias o connivencia, entre la justicia y quienes se arrogan propiedad de estos terrenos”. Finalmente, el desalojo fue frenado, pero no el temor de esta familia y de otra posible avanzada irregular de la Justicia.
El caso comenzó a despertar la atención de otros vecinos y vecinas que denunciaron situaciones similares, y la imposibilidad de acceder a los planos de sus terrenos en la Dirección de Inmuebles de la provincia de Salta. Hasta la fecha carecen de un plano general, a partir del cual se pueda establecer la correspondiente subdivisión. La preocupación crece ya que estos terrenos presentan cada vez mayor valor, por su ubicación estratégica y turística, situación que podría conducir a cualquier tipo de negociaciones y estafas inmobiliarias.
