Los magistrados analizarán el dictamen del secretario penal, Diego Seitún, en el que concluye como solución que se rechacen todos los recursos, de los acusados. Rosenkrantz pidió licencia en el alto tribunal. La Corte Suprema de Justicia se reunirá este martes en su acuerdo semanal y ya cuenta con un voluminoso informe interno de su secretario penal, Diego Seitún, donde propone rechazar todos los recursos y confirmar la condena contra Cristina Kirchner, dijeron fuentes judiciales.
La Corte Suprema no trataría en su acuerdo de este martes la causa Vialidad, sino que se tomaría una semana más para trabajar en la sentencia, señalaron a este diario dos funcionarios del Palacio de Justicia.
Pero la principal novedad que se conoció este lunes en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde los jueces de la Corte tiene sus despachos, es que el secretario penal del máximo tribunal, Seitún, emitió un informe interno en el que concluye como solución que se rechacen todos los recursos, de los acusados y del fiscal Mario Villar, y que de este modo se confirme la condena a 6 años de prisión de Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Seitún emitió este lunes un “muy voluminoso” informe en el que analiza cada uno de los agravios de cada recurso presentado por los acusados y el fiscal. Hace un resumen de la jurisprudencia de la Corte y propone una solución para resolver.
Idealmente, ese informe es un insumo para que los jueces de la Corte lo utilicen a fin de analizar el caso, pero en general no es un dictamen vinculante, sino que se trata de papeles de trabajo.
La solución que propuso para el caso el secretario Seitún es resolverlo mediante el artículo 280 del Código Procesal Penal en lo Civil y Comercial, rechazando los recursos sin más explicaciones.
Pero fuentes de la Corte señalaron que, más allá de que esta sea una solución posible, los magistrados están trabajando en un texto fundado para llegar a esta conclusión, no en cuatro líneas que no den razones. La Corte Suprema ya resolvió 24 recursos de queja de los distintos imputados a lo largo del proceso que arrancó en 2016.
