Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), planteó diferencias metodológicas y estadísticas respecto de los datos oficiales de pobreza difundidos por el Gobierno nacional a partir de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el estudio elaborado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, la tasa de pobreza en el país se ubicó en el 42,4% durante el segundo trimestre de 2026, diez puntos porcentuales por encima del 32,3% reportado por el organismo estadístico oficial.
De acuerdo con las estimaciones de la casa de estudios, dos de cada cinco argentinos no alcanzan los ingresos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), cuyo valor ronda los $1.690.000 mensuales para un hogar tipo de cuatro integrantes. La publicación del documento se conoció días después de la visita del papa León XIV a la Argentina, quien el pasado 8 de noviembre, durante un discurso ante autoridades nacionales, provinciales y eclesiásticas en el Palacio Libertad, sostuvo que «la economía debe estar al servicio de la persona».
Revisión del punto de partida y evolución entre 2023 y 2026
El trabajo del ODSA-UCA también revisa la evolución estadística desde el cambio de gestión en diciembre de 2023 mediante series homogéneas:
- Punto de partida recalculado: Mientras el Poder Ejecutivo suele referenciar un índice inicial del 52,9% en base a proyecciones previas, los investigadores de la UCA estiman que la pobreza en el último trimestre de 2023 se ubicaba en el 41,7%, lo que marca una brecha superior a los once puntos porcentuales respecto de ese diagnóstico inicial.
- Variación del período: Al comparar datos homogéneos entre el cierre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, el informe sostiene que el indicador pasó del 41,7% al 42,4%, registrando un leve incremento en lugar de una reducción.
Factores metodológicos en debate y postura oficial
Para los especialistas del observatorio universitario, la divergencia entre ambas mediciones responde a tres aspectos técnicos en la estadística oficial:
- Canasta Básica desactualizada: Señalan que el indicador oficial emplea estructuras de consumo basadas en encuestas de gasto de hace dos décadas que no reflejan con precisión la distribución actual del presupuesto familiar.
- Modificaciones en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH): Desde finales de 2024, el INDEC incorporó cambios en la captación de datos de la EPH al ponderar ingresos familiares no laborales o extraordinarios que antes no se computaban, lo que —según los autores— altera la comparabilidad lineal de la serie histórica.
- Ponderación de tarifas y servicios: El documento indica que tanto la medición de la Canasta Básica como el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) subestiman la incidencia real de los aumentos en servicios públicos —como energía, transporte y comunicaciones— sobre los ingresos cotidianos de los hogares.
Por su parte, desde el Gobierno nacional defienden la validez técnica y metodológica de las estadísticas publicadas por el INDEC, sosteniendo que la desaceleración inflacionaria permitió recomponer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y reducir los niveles de pobreza. En contraposición, desde distintos centros académicos y económicos insisten en la necesidad de actualizar la canasta de referencia para evitar distorsiones en el seguimiento social.


