La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes, por unanimidad, la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la denominada causa Vialidad. El fallo marca un hito en la historia política y judicial del país, ya que es la primera vez que la Corte ratifica una sentencia firme por corrupción contra una exjefa de Estado.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Kirchner. En el fallo se ratifica que la exmandataria fue responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por haber favorecido al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Un fallo con consecuencias políticas directas
Con esta resolución, Cristina Kirchner queda formalmente proscripta para ocupar cargos públicos, lo que la excluye de cualquier candidatura en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Si bien ya había manifestado en 2023 que no competiría por ningún cargo, la confirmación judicial de la pena la deja fuera de la contienda política de manera definitiva, salvo que sea indultada.
¿Irá presa?
La Corte no se expidió sobre la modalidad de cumplimiento de la pena. Ahora será el Tribunal Oral Federal N.º 2 el encargado de determinar si Cristina debe cumplir la condena de manera efectiva o bajo prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que ya superó los 70 años de edad. Por el momento, seguirá en libertad.
Repercusiones y reacciones
La noticia generó una fuerte conmoción en el escenario político. Desde el oficialismo, sectores del peronismo y de organizaciones sociales denunciaron un nuevo capítulo de “lawfare” o persecución judicial con fines políticos. En tanto, desde el gobierno de Javier Milei, se celebró el fallo como un triunfo de la institucionalidad. El propio presidente publicó un escueto mensaje en redes sociales: “Justicia. Fin.”
En distintos puntos del país se registraron movilizaciones y cortes de ruta organizados por sindicatos y militantes kirchneristas, que acusan a la Corte de responder a intereses del poder económico y mediático.
Contexto de la causa
La causa Vialidad investigó el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en Santa Cruz, por un valor superior a los 46.000 millones de pesos, adjudicadas entre 2004 y 2015 a empresas de Lázaro Báez, un empresario cercano al kirchnerismo. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral la había condenado en primera instancia, y desde entonces el caso fue escalando hasta llegar a la Corte Suprema.
Un capítulo más en la polarización argentina
La condena reaviva el debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial y profundiza la grieta política en el país. Para sus detractores, Cristina representa el símbolo de la corrupción estructural del poder; para sus seguidores, es una perseguida por las élites judiciales y económicas.
En cualquier caso, el fallo de hoy marca un punto de inflexión en la historia reciente de la Argentina, con consecuencias que aún están por verse en el plano institucional y político.
